La Corte Suprema de Justicia de la Nación activó el procedimiento final para asegurar el decomiso definitivo de los bienes pertenecientes a Lázaro Báez, condenado por lavado de más de 55 millones de dólares en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K. La decisión implica formalizar la adjudicación de fondos ya subastados y avanzar con el traspaso registral de propiedades y activos a nombre del empresario y de su hijo Martín.
El oficio enviado al Tribunal Oral Federal 4 establece que todos esos bienes deberán inscribirse bajo la titularidad del Máximo Tribunal, en cumplimiento de lo previsto por el Código Penal y el Código Procesal Penal. Se trata de un paso clave para cerrar una etapa que se extendió durante años y que derivó en la condena de Báez a 12 años de prisión, junto con las sentencias contra su hijo y varios colaboradores.
El proceso de recuperación incluye inmuebles, vehículos, maquinaria, cuentas bancarias y otros activos que, en conjunto, superan los 60 millones de dólares. Gran parte ya fue subastada, y ahora la Corte busca garantizar que los recursos ingresen formalmente al patrimonio del Estado sin trabas administrativas.
La causa, una de las más emblemáticas vinculadas a corrupción y obra pública, dejó al descubierto un mecanismo mediante el cual Austral Construcciones recibía adjudicaciones millonarias que no se ejecutaban o se realizaban de manera parcial, mientras se montaban operaciones financieras para blanquear dinero en el exterior.
Entre 2010 y 2013, la estructura liderada por Báez utilizó transferencias internacionales, compra de bonos y contratos simulados para justificar fondos cuyo origen estaba, según determinó la Justicia, ligado a maniobras ilegales. Ese entramado motivó una investigación que demandó años de análisis contable y seguimiento de movimientos financieros, hasta llegar a la condena dictada en 2021.
Con esta nueva resolución, la Corte busca cerrar definitivamente el capítulo patrimonial de la causa. Una vez completada la inscripción de los bienes, el Estado podrá definir el destino de los fondos recuperados, que podrían orientarse a programas públicos o a áreas sensibles según la normativa vigente.
Aunque restan pasos administrativos, el fallo marca un punto de inflexión: confirma que las condenas por delitos económicos no sólo tienen consecuencias penales, sino también materiales. Para distintos sectores institucionales, este avance refuerza la necesidad de sistemas de control más estrictos y de mecanismos de supervisión que permitan evitar desvíos similares en el futuro.
El caso Báez, que durante años ocupó un lugar central en el debate público, suma así un nuevo capítulo que apunta a cerrar uno de los procesos judiciales más complejos de la última década. La recuperación de bienes constituye una señal de que la Justicia busca consolidar precedentes firmes en materia de corrupción y restitución de activos, un aspecto clave para reforzar la confianza social en la administración de los recursos del Estado.
