El cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SSISU) encendió una fuerte polémica a nivel nacional y abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y organizaciones vinculadas al trabajo en villas y asentamientos. La decisión implica el freno de más de 700 proyectos de infraestructura en barrios populares registrados en el ReNaBaP y deja en suspenso obras clave de agua potable, cloacas, redes eléctricas, pavimento y espacios comunitarios que alcanzaban a unas 5 millones de personas en todo el país.
El planteo más contundente llegó desde la Iglesia. El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, advirtió que el “retiro abrupto del Estado” de los barrios más postergados puede tener consecuencias sociales graves. Según planteó, la paralización de la política de integración socio urbana no es un dato administrativo más, sino una señal que impacta de lleno en la vida cotidiana de millones de familias que todavía no cuentan con servicios básicos garantizados.
La subsecretaría eliminada tenía bajo su órbita la ejecución del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), herramienta que financiaba obras de urbanización en 6.467 barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Allí viven más de 1,2 millones de familias en condiciones de vulnerabilidad estructural, muchas de ellas sin acceso regular a agua potable, red cloacal o conexiones eléctricas seguras.
Desde distintos espacios sociales señalaron que la medida no solo afecta grandes intervenciones urbanas, sino también programas de alcance directo en los hogares. Entre ellos, “Mi Pieza”, destinado a que mujeres de barrios populares pudieran ampliar o mejorar sus viviendas. Con la interrupción de esos fondos, miles de refacciones quedaron a mitad de camino, lo que incrementa riesgos asociados a instalaciones precarias, filtraciones e incendios.
La política de integración socio urbana había comenzado a implementarse en 2016 y fue consolidada en 2018 a través de una ley aprobada con amplio respaldo parlamentario. El espíritu de la norma apuntaba a avanzar en la regularización dominial y en la mejora progresiva de infraestructura en asentamientos históricos de todo el país, con participación de cooperativas, organizaciones sociales y gobiernos locales.
El Gobierno nacional justificó el cierre bajo la premisa de ordenar el gasto público y revisar el funcionamiento de fondos fiduciarios. En ese marco, también dispuso la disolución del FISU y el cese de contratos de unos 300 trabajadores vinculados al área. Sin embargo, desde el ámbito eclesiástico y organizaciones territoriales remarcan que auditorías previas no detectaron irregularidades estructurales y que muchos proyectos estaban en etapas avanzadas de ejecución.
La discusión ya escaló al plano judicial. Un juzgado federal dictó medidas cautelares que obligan al Estado a garantizar la continuidad de las obras en marcha y a suspender decisiones que impliquen el desmantelamiento inmediato del fondo fiduciario. Mientras se define el fondo de la cuestión, los proyectos permanecen en un limbo administrativo que, en la práctica, se traduce en obradores paralizados y cooperativas sin actividad.
En paralelo, la protesta social ganó visibilidad en el centro porteño. Organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizaron intervenciones simbólicas para advertir sobre el impacto del ajuste en los barrios populares. Plantean que la interrupción de las políticas de urbanización profundiza la desigualdad y posterga derechos básicos reconocidos por ley.
Más allá de la disputa política, el eje del debate gira en torno a la infraestructura mínima que define la calidad de vida. En muchos asentamientos, la urbanización significaba la llegada formal de servicios esenciales, la apertura de calles, la instalación de luminarias y la construcción de centros de salud o espacios comunitarios. Obras que, aunque no siempre visibles en el debate macroeconómico, modifican de manera directa la cotidianeidad de miles de familias.
Especialistas en hábitat y desarrollo urbano advierten que la integración socio urbana no solo mejora condiciones materiales, sino que también reduce conflictividad y favorece procesos de inclusión social. La ausencia del Estado en territorios con alta vulnerabilidad, sostienen, suele dejar lugar a economías ilegales y redes informales que ocupan ese vacío.
El impacto del freno se siente con especial fuerza en las provincias del norte argentino, donde el déficit de infraestructura básica en barrios populares es más pronunciado. En esos distritos, la obra pública vinculada a integración urbana representaba una fuente de empleo local y dinamización económica, además de una mejora estructural para comunidades históricamente relegadas.
En términos presupuestarios, la integración socio urbana se financiaba en parte con recursos provenientes del impuesto PAIS y otras partidas específicas. Con la reconfiguración del esquema fiscal impulsado por la actual gestión, esos fondos quedaron sujetos a revisión, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad de los compromisos asumidos.
Desde la Iglesia y organizaciones sociales insisten en que la discusión no puede reducirse a una cuestión contable. Plantean que detrás de cada expediente hay familias que esperan soluciones concretas: una conexión formal de agua, un baño instalado, una calle transitable en días de lluvia. En barrios donde la precariedad es la regla, cada avance en infraestructura representa un salto en dignidad.
El escenario abre interrogantes sobre el futuro de la política habitacional en Argentina y el rol del Estado nacional en la urbanización de villas y asentamientos. Mientras el Gobierno sostiene su decisión de revisar estructuras y recortar gastos, los sectores que trabajan en territorio alertan que un corte abrupto puede generar retrocesos difíciles de revertir.
Con la judicialización en curso y la tensión política en aumento, la integración socio urbana se convirtió en uno de los ejes más sensibles del debate social actual. En juego no solo están partidas presupuestarias o estructuras administrativas, sino la continuidad de obras que impactan directamente en millones de argentinos que viven en barrios populares y que esperan, desde hace años, condiciones básicas que les permitan proyectar un futuro con mayor estabilidad.
