Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de 140 propiedades vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad. Entre los inmuebles señalados se encuentra el departamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria.
La solicitud también incluye el embargo de 46 vehículos y la incautación de más de 5,6 millones de dólares depositados en cajas de seguridad y cuentas bancarias, además de una suma en pesos que supera los 53 mil. El planteo se sustenta en la falta de pago de la cifra fijada por la Justicia tras la condena, que asciende a $684.990.350.139,86 en concepto de decomiso por defraudación contra la administración pública.
En su presentación, los fiscales remarcaron que las personas condenadas no realizaron ningún depósito pese a que el plazo para cumplir con esa obligación venció hace meses. Según sostuvieron, esa situación habilita a avanzar con medidas concretas para garantizar el recupero de los activos establecidos en la sentencia.
El pedido incorpora 13 inmuebles pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 propiedades relacionadas con empresas vinculadas a Báez. Dentro del listado aparecen bienes de firmas como Los Sauces SRL y Hotesur SA, además de propiedades distribuidas en distintos puntos del país.
Entre los inmuebles más relevantes figura el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, adquirido en 2015 por Los Sauces SA. Ese es el domicilio donde Cristina Kirchner cumple actualmente la prisión domiciliaria ordenada tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad.
También aparecen en la nómina el hotel La Aldea, en El Chaltén, y diversas propiedades atribuidas a Lázaro Báez, incluidas viviendas en barrios privados y casas de veraneo en la Costa Atlántica. La magnitud del listado refleja el alcance del reclamo fiscal, que apunta a asegurar el cumplimiento efectivo de la sentencia.
Este nuevo planteo se suma a una presentación anterior realizada por el Ministerio Público Fiscal en noviembre, cuando se habían solicitado medidas sobre 84 inmuebles de Báez, uno de la ex presidenta y 19 que fueron cedidos a título gratuito a Máximo y Florencia Kirchner, además de otros bienes societarios. Con la ampliación reciente, el total de propiedades alcanzadas por los pedidos asciende a 252.
En el escrito elevado al tribunal, los fiscales sostuvieron que la demora en el cumplimiento del pago implica una maniobra dilatoria que obstaculiza la ejecución de la sentencia firme. Consideraron que el decomiso es una herramienta necesaria para garantizar que el Estado pueda recuperar los fondos establecidos por la Justicia.
La causa Vialidad investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas en Santa Cruz, y derivó en condenas por administración fraudulenta. La sentencia incluyó penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de la obligación de reintegrar una suma multimillonaria al Estado.
Ahora será el Tribunal Oral Federal N°2 el que deberá resolver si hace lugar al pedido de decomiso y embargo ampliado. De aceptar el planteo, podría avanzarse sobre los bienes detallados para cubrir el monto fijado judicialmente.
El proceso se da en una etapa clave, ya que la ejecución de la sentencia representa uno de los capítulos centrales en la causa. Más allá del debate político que suele rodear cada movimiento judicial vinculado a la ex mandataria, el foco está puesto en la recuperación de activos y en el cumplimiento efectivo de lo dispuesto por la Justicia federal.
La definición que adopte el tribunal marcará el rumbo de esta nueva instancia. Mientras tanto, el expediente suma un nuevo capítulo en una de las causas más resonantes de la política argentina en los últimos años, con impacto institucional y consecuencias patrimoniales de enorme magnitud.
