El juez federal Ariel Lijo rechazó suspender el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y resolvió que continúe el análisis técnico para determinar la autenticidad de las grabaciones que forman parte de la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La medida avanzará pese a que el exdirector del organismo se negó a entregar una muestra de su voz para realizar la comparación correspondiente. La Justicia busca establecer si los registros sonoros son reales, si fueron modificados o si presentan algún tipo de alteración.
La defensa de Spagnuolo había pedido frenar el procedimiento al considerar que la obtención de una muestra de voz afectaba la garantía constitucional contra la autoincriminación. Sus abogados también cuestionaron la validez de los audios y plantearon dudas sobre una posible edición o manipulación del material.
En su resolución, Lijo sostuvo que una muestra de voz no equivale a una declaración del acusado, sino que se trata de un elemento técnico comparable con otros datos biométricos utilizados en investigaciones judiciales, como huellas digitales o muestras de ADN.
El magistrado también señaló que la Cámara Federal porteña ya había ordenado avanzar con una pericia para establecer el origen y la veracidad de las grabaciones, por lo que suspender el procedimiento impediría cumplir con esa decisión.
La investigación apunta a presuntas maniobras irregulares vinculadas a contrataciones y compras de medicamentos dentro de ANDIS. En ese marco, Spagnuolo está procesado como presunto integrante de una asociación ilícita, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades.
Como parte del proceso, el fiscal federal Franco Picardi propuso utilizar distintas entrevistas públicas del exfuncionario como referencia para comparar su voz, ante la negativa de aportar una grabación propia. El objetivo es contar con material considerado confiable para el estudio pericial.
Además, la defensa incorporó un perito de parte que solicitó ampliar los puntos de análisis. Entre ellos, pidió revisar la cadena de custodia de los archivos, verificar su integridad digital y determinar si existen cortes, modificaciones o intervenciones en las grabaciones difundidas.
El peritaje será realizado por especialistas de la Gendarmería Nacional, que deberán analizar aspectos técnicos vinculados al origen de los audios, su autenticidad y la posibilidad de alteraciones.
La causa continúa bajo investigación mientras la Justicia intenta determinar el valor probatorio de las grabaciones y avanzar en el esclarecimiento de las denuncias que involucran a la administración de la Agencia Nacional de Discapacidad.
