La Justicia reactivó la investigación contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte dispuso nuevas medidas para profundizar el análisis de sus comunicaciones, patrimonio y movimientos financieros.
Entre los pedidos figura el detalle de llamadas y mensajes de Insaurralde y Cirio, con información sobre fechas, horarios, duración y líneas involucradas. También se solicitó determinar si las empresas telefónicas cuentan con registros de localización o geolocalización de los dispositivos.
Este punto podría ser relevante para analizar los videos que muestran a Cirio en un vestidor junto a fajos de dólares. La Justicia busca establecer si las imágenes fueron tomadas con su teléfono y si los registros disponibles permiten precisar dónde se encontraba al momento de las grabaciones.
A su vez, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) deberá analizar los videos incorporados al expediente. Una pericia de la Policía Federal había determinado que el ambiente mostrado en las imágenes coincide con un sector de la planta alta de la propiedad que Insaurralde tenía en Fincas de San Vicente.
La defensa del exintendente había intentado excluir esas grabaciones de la causa, pero el planteo fue rechazado y el material continúa bajo análisis judicial.
En paralelo, la investigación avanzó sobre las cuentas bancarias y el patrimonio del exfuncionario. El juez solicitó información sobre movimientos registrados en cuentas vinculadas a Insaurralde en Banco Provincia, Banco Piano y Santander.
Uno de los puntos que volvió a quedar bajo la lupa es una cuenta bancaria en Uruguay que estaría vinculada al exintendente de Lomas de Zamora. La Justicia busca determinar si existen fondos en el exterior relacionados con el patrimonio investigado.
También se ordenaron medidas sobre Sasaxa Libero S.A., sociedad vinculada a Insaurralde y relacionada con la propiedad de Fincas de San Vicente. El Registro de la Propiedad bonaerense deberá informar si la empresa posee inmuebles, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá aportar información sobre su facturación.
Además, se pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que revise una certificación de firma realizada en enero de 2023 por un escribano en el marco de una operación vinculada a Jesica Cirio.
Las medidas alcanzan también a Gastón Barrachina, sobrino de Insaurralde y exsocio de Sasaxa Libero S.A. En su caso, la Justicia solicitó información sobre sus movimientos migratorios para reconstruir sus viajes al exterior.
La causa comenzó en 2023, luego de que se conocieran imágenes de Insaurralde junto a Sofía Clerici durante un viaje a Marbella. Desde entonces, la investigación se concentró en el patrimonio del exfuncionario, sus vínculos comerciales y el origen de distintos fondos.
Una pericia contable realizada durante el expediente había detectado diferencias entre los ingresos declarados y los gastos registrados por Insaurralde durante el período analizado. Según ese informe, declaró ingresos por más de $87 millones, mientras que sus egresos superaron los $99 millones, con un saldo negativo acumulado de $19,6 millones.
La situación procesal de los principales involucrados todavía no está definida. Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco habían solicitado avanzar con las indagatorias de Insaurralde y otras personas vinculadas al expediente.
Mientras tanto, el sobreseimiento de Sofía Clerici continúa en discusión luego de que la fiscalía apelara la decisión y pidiera que siga siendo investigada. Con las nuevas medidas, el expediente vuelve a poner el foco en el patrimonio, las comunicaciones y los movimientos financieros de Insaurralde.
