La Justicia federal avanza sobre un presunto desvío de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sostiene que al menos US$50 millones generados en el exterior nunca habrían llegado a los clubes.
Esa cifra surge del análisis de transferencias realizadas a través de una serie de sociedades que, según el expediente, no registran una actividad económica clara y habrían sido utilizadas para recibir y mover dinero recaudado fuera del país.
El monto bajo sospecha se compone de transferencias a cinco firmas: Soagu Services LLC (US$10,8 millones), Marmasch LLC (US$13,4 millones), Velp LLC (US$ 3 millones), Velpasalt LLC (US$ 14,7 millones) y Dicetel (US$ 4,8 millones).
En conjunto, los investigadores estiman que esos US$50 millones forman parte de un circuito que está siendo reconstruido en sede judicial.
La causa es instruida por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona.
En una de las últimas resoluciones, el magistrado ordenó librar oficio al Banco Coinag para que informe de manera detallada todos los productos bancarios (cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, con sus respectivos extractos históricos) correspondientes a TourProdEnter LLC y a las sociedades Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.
TourProdEnter LLC, del empresario Javier Faroni, aparece señalada en el expediente como la empresa que administró y recaudó fondos de la AFA en el exterior, por un total aproximado de US$260 millones.
Según la investigación, esos ingresos se habrían generado a través de contratos de partidos amistosos de la Selección Argentina, acuerdos con Adidas y el servicio de streaming AFA Play. Parte de ese dinero es el que ahora se busca rastrear para determinar su destino final.
Desde el Banco Coinag aclararon que la entidad “no forma parte de la causa” y remarcaron que “las actividades del Banco Coinag siempre se han desarrollado en estricto cumplimiento de las normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Ley de Prevención y Control de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”. En la misma línea, señalaron que el oficio recibido “es un requerimiento normal que se contestará”.
