El juicio por el programa de viviendas sociales conocido como Sueños Compartidos sumó un nuevo capítulo con la declaración de Mauricio Macri, quien se presentó como testigo y dejó una acusación directa sobre la mesa: aseguró que recibió presiones políticas para autorizar pagos vinculados al proyecto. Su intervención, breve pero contundente, volvió a poner el foco en el manejo de fondos públicos y en las responsabilidades de exfuncionarios nacionales.
Durante su exposición, que se extendió por unos 20 minutos, el exmandatario relató una situación puntual ocurrida cuando estaba al frente del gobierno porteño. Según detalló, en ese momento recibió un llamado del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en el que —según su versión— se le reclamó que avanzara con el pago de certificados vinculados al programa de construcción de viviendas.
Macri sostuvo que esa comunicación lo tomó por sorpresa y que generó inquietud dentro de su equipo de gestión. En ese contexto, explicó que las áreas técnicas ya venían observando inconsistencias en la ejecución de las obras y en la relación entre los fondos girados y el avance real de los proyectos.
De acuerdo a su reconstrucción, uno de los puntos clave fue la advertencia de funcionarios de su propio gabinete, quienes consideraban que no correspondía continuar con los desembolsos. La explicación giraba en torno a un desfasaje significativo: se habrían pagado montos muy superiores a lo efectivamente construido. Esa situación, según el testimonio, encendió alertas internas y motivó la decisión de frenar nuevos pagos.
El exjefe de Estado también describió la relación con la fundación a cargo del programa como compleja desde el inicio. Señaló que existían dificultades recurrentes para cumplir con los plazos y condiciones establecidos en los convenios. Si bien admitió no recordar todos los detalles con precisión, remarcó que los problemas eran frecuentes y que eso complicaba la continuidad de los contratos.
La causa en la que declaró investiga un esquema de presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales. En el centro del expediente están acusaciones de fraude al Estado y desvío de dinero público, en un programa que en su momento fue presentado como una iniciativa emblemática para atender el déficit habitacional.
Entre los principales imputados se encuentran exfuncionarios del área de planificación federal, junto a los responsables de la fundación que llevaba adelante las obras. La investigación apunta a determinar cómo se administraron los recursos y si existió una estructura destinada a canalizar fondos de manera indebida.
El proceso judicial también busca establecer el grado de responsabilidad de distintos actores que intervinieron en la ejecución del programa en varias jurisdicciones del país. En ese marco, la declaración de Macri se suma a una serie de testimonios que intentan reconstruir cómo se tomaban las decisiones políticas y administrativas en torno a los pagos.
Uno de los ejes que atraviesa el juicio es la relación entre Nación, provincias y municipios en la implementación del plan. Los convenios firmados implicaban transferencias de fondos para obras específicas, lo que requería controles técnicos y administrativos que, según la acusación, no siempre se habrían cumplido.
En su testimonio, Macri evitó profundizar en aspectos técnicos del expediente, pero dejó planteado un punto político sensible: la existencia de presiones para sostener el flujo de dinero aun cuando había objeciones internas. Esa afirmación introduce un elemento que podría ser relevante para el análisis de las responsabilidades en el manejo de los recursos.
La causa lleva varios años en trámite y reúne una gran cantidad de documentación, peritajes y declaraciones. El volumen de pruebas refleja la complejidad del caso, que combina aspectos administrativos, financieros y políticos. En ese escenario, cada testimonio aporta piezas para entender el funcionamiento del esquema investigado.
En las próximas semanas, el tribunal continuará recibiendo declaraciones de otros dirigentes que tuvieron participación en la gestión pública durante el período en cuestión. Se espera que esos testimonios permitan completar el panorama sobre cómo se articulaban las decisiones y qué controles existían sobre los fondos destinados a las viviendas.
El juicio se desarrolla en un contexto donde el uso de recursos públicos vuelve a estar bajo la lupa, y donde las causas vinculadas a obras y programas sociales suelen generar alto impacto político. En ese sentido, la declaración de Macri no pasó desapercibida y reavivó el debate sobre la transparencia en la administración del Estado.
Mientras avanza el proceso, la atención está puesta en las definiciones que pueda tomar la Justicia a partir de las pruebas reunidas. El expediente busca esclarecer si hubo delitos y, en caso de confirmarse, determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los acusados.
La investigación sobre Sueños Compartidos se mantiene como uno de los casos más resonantes en materia de obra pública y manejo de fondos sociales. Con cada nueva audiencia, se suman elementos que ayudan a reconstruir una trama que, según la acusación, combinó fallas de control, decisiones políticas y posibles maniobras irregulares.
El desenlace todavía es incierto, pero el avance del juicio promete seguir generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el político. La declaración de Macri, con su acusación de presiones, se inscribe en ese escenario y agrega un nuevo capítulo a una causa que continúa abierta.
