Durante una sesión de la Legislatura provincial en Salta, el diputado por Tartagal Nicolás Arce sorprendió con un planteo polémico: propuso evaluar la implementación de controles de consumo de sustancias para docentes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).
El debate se desarrollaba en torno a un proyecto de ley que busca ceder dos inmuebles en el departamento Los Andes a la universidad, destinados a funcionar como sedes académicas. Sin embargo, Arce desvió la atención hacia la situación de algunos docentes.
Según señaló, estudiantes le habrían transmitido preocupaciones sobre ciertos comportamientos de profesores. “He recibido denuncias donde aparentemente hay profesoras que van con movimientos espasmódicos”, afirmó durante su intervención en el recinto.
El legislador vinculó estas denuncias con la posibilidad de impulsar iniciativas legislativas para realizar “narcotest” a los docentes. “Voy a ver qué proyecto se puede hacer, pero el día que se presente el proyecto de narcotest, ojalá podamos involucrar a la Universidad Nacional de Salta, por lo menos a la de Tartagal”, expresó.
Arce sostuvo que, a su criterio, un docente que consuma sustancias no debería estar al frente de un aula, planteando un debate sobre la responsabilidad y la seguridad en la educación universitaria.
La propuesta generó repercusión inmediata, aunque por el momento no existe un proyecto formal de control de drogas para profesores. El foco del debate sigue siendo la cesión de los inmuebles en Los Andes, que buscan ampliar la infraestructura de la UNSa y fortalecer su presencia en la región.
En Salta, la discusión sobre educación y seguridad en las instituciones universitarias se combina con la preocupación por la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. La iniciativa del legislador libertario ya abrió un debate sobre la privacidad de los docentes y el alcance que podrían tener los controles de este tipo, tanto legales como éticos.
A nivel local, estudiantes y docentes esperan definiciones claras sobre la normativa universitaria y la posible intervención de la Legislatura en aspectos internos de la UNSa, mientras el proyecto de inmuebles sigue su curso.
La polémica también pone sobre la mesa la necesidad de equilibrar la seguridad educativa con los derechos individuales de los trabajadores, en un contexto donde los debates legislativos en Salta a menudo mezclan temas administrativos con reclamos sociales y ciudadanos.
