El Gobierno nacional amplió las acciones contra empresas y personas vinculadas a la exploración petrolera en las Islas Malvinas y anunció el inicio de procedimientos sancionatorios contra otros 15 involucrados.
La medida se suma a los 45 procedimientos ya iniciados y forma parte de la estrategia oficial para frenar actividades hidrocarburíferas que, según el Ejecutivo, se desarrollan de manera ilegítima sobre recursos naturales cuya soberanía reclama la Argentina.
Los nuevos procedimientos alcanzan tanto a personas físicas como a empresas que estarían relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas y desarrollado por compañías con permisos otorgados por el Reino Unido.
El Gobierno sostuvo que continuará identificando a todos los actores que participen de estas operaciones y anticipó que avanzará con los correspondientes sumarios administrativos para determinar responsabilidades y aplicar sanciones.
La decisión se conoció un día después de que el Ejecutivo anunciara una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas con la exploración y eventual extracción de petróleo en las islas. La presentación se fundamenta en la Ley 26.659, que establece restricciones para las actividades hidrocarburíferas en áreas vinculadas a la soberanía argentina sin autorización nacional.
Entre las empresas denunciadas figuran Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. La presentación también contempla a directivos, representantes y otras personas que pudieran estar involucradas.
La denuncia será impulsada ante la Justicia Federal porteña por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
El proyecto Sea Lion se encuentra en el centro de la disputa. Las empresas involucradas cuentan con autorizaciones otorgadas por autoridades británicas para avanzar con actividades petroleras, mientras que la Argentina considera que esas operaciones se desarrollan sobre recursos pertenecientes a su plataforma continental.
Desde el Gobierno remarcaron que la ampliación de las actuaciones responde a una tarea de identificación de quienes participan de la explotación de los recursos naturales en la zona.
La administración de Javier Milei también ratificó que recurrirá a las herramientas administrativas, diplomáticas y judiciales disponibles para sostener el reclamo argentino por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
En paralelo, el Presidente instruyó incorporar al Presupuesto 2027 prioridades vinculadas con la seguridad y la defensa nacional, entre ellas el desarrollo de la Base Naval Integrada.
La ofensiva oficial se produce mientras el Gobierno busca reforzar su postura sobre la cuestión Malvinas y cuestiona el avance de proyectos de explotación de hidrocarburos en el área bajo disputa de soberanía.
