La causa conocida como Vialidad II sumó nuevas condenas por el esquema de corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, reconoció su participación en las maniobras fraudulentas y recibió tres años de prisión. Al unificarse con su condena anterior por lavado de activos, deberá cumplir una pena total de siete años y nueve meses.
La resolución fue dictada por el Tribunal Oral Federal 2, que homologó un acuerdo de juicio abreviado entre los fiscales y seis imputados. La Unidad de Información Financiera también prestó conformidad con el procedimiento.
La investigación analizó el direccionamiento de contratos viales hacia empresas vinculadas con Lázaro Báez, que concentraron gran parte de las adjudicaciones de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Martín Báez admitió que, entre 2007 y 2015, ocupó cargos directivos en Austral Construcciones, Loscalzo y Del Curto y Kank y Costilla. Desde esas posiciones intervino en maniobras que permitieron que compañías del mismo grupo participaran en licitaciones de manera irregular, además de firmar contratos que incumplían las condiciones establecidas.
También reconoció su participación en un mecanismo de pagos anticipados que favoreció a las constructoras de su familia. Según la acusación, estas empresas recibieron un trato privilegiado y llegaron al final del segundo mandato de Cristina Kirchner sin deudas pendientes por certificados de obra con el Estado nacional.
El fallo destacó que los hechos reconocidos ya habían sido analizados en el primer juicio de Vialidad, cuya sentencia quedó firme.
Otras condenas en la causa
El acuerdo alcanzó también a empresarios y exfuncionarios vinculados con el esquema investigado.
Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, recibió tres años de prisión por su participación en el fraude. Al unificarse con su condena anterior por lavado de activos, su pena quedó establecida en cinco años y nueve meses. Por su edad y estado de salud, continuará bajo prisión domiciliaria.
Por su parte, Fernando Butti, accionista y apoderado de Austral Construcciones, fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso.
La resolución también incluyó a tres exintegrantes de la Dirección Nacional de Vialidad. Sergio Passacantando, Jorge Gregorutti y Carlos Alonso recibieron penas de dos años y ocho meses de prisión en suspenso, además de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Los exfuncionarios fueron responsabilizados por irregularidades en los pagos, la certificación de avances de obra y los controles administrativos.
Una condena que se suma a otra causa
La nueva pena de Martín Báez se acumuló con la sentencia de seis años y seis meses que había recibido por lavado de activos agravado en la causa conocida como La Ruta del Dinero K.
Esa condena quedó firme en mayo de 2025 y el empresario obtuvo la libertad condicional en junio de ese mismo año. Ahora, con la resolución del TOF 2, deberá cumplir una pena unificada de siete años y nueve meses, además de una multa equivalente a cinco veces el monto de las operaciones de lavado.
El decomiso millonario
Otro punto central del fallo fue la incorporación de los seis condenados al decomiso patrimonial establecido en la primera parte de Vialidad.
El monto, actualizado en julio de 2025, asciende a $684.990 millones. El tribunal aclaró que no se trata de una nueva obligación ni de una duplicación del decomiso, sino de una misma maniobra investigada en dos etapas.
La sentencia dejó pendiente la determinación de cómo deberán responder los condenados por los montos que todavía no fueron recuperados y de qué manera se computarán los bienes decomisados anteriormente.
