El Senado aprobó en general la reforma de la ley de Glaciares con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, en medio de un calendario legislativo cargado que incluyó la ratificación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la designación de un nuevo embajador ante Bélgica. La votación en particular se llevará a cabo en los próximos días y el proyecto luego pasará a la Cámara de Diputados.
La iniciativa modifica la ley 26.639, vigente desde 2010, que protege glaciares y ambientes periglaciares, fundamentales para la regulación hídrica del país. La reforma introduce un concepto diferencial: distingue entre las formaciones con función hídrica estratégica y aquellas que no la cumplen, habilitando en estas últimas proyectos productivos de minería, hidrocarburos e infraestructura. La prohibición absoluta se mantiene únicamente para glaciares y formaciones esenciales para la reserva de agua.
El proyecto también prevé la creación del Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA, coordinado por la Secretaría de Energía, con la tarea de clasificar los cuerpos de hielo según su valor hídrico y proponer medidas de protección. Se permitirán actividades científicas, rescates y deportes de montaña no motorizados, mientras que quedan prohibidas obras que alteren la condición natural de los glaciares.
Uno de los cambios más relevantes de la reforma es la transferencia de potestad a las provincias: serán ellas las que puedan definir áreas protegidas y administrar sus reservas hídricas, en línea con lo que establece la Constitución Nacional sobre el dominio originario de los recursos naturales. Esto marca un giro respecto de la legislación vigente, que concentraba la autoridad principalmente en organismos nacionales.
La medida generó apoyo entre los gobernadores de distritos mineros e hidrocarburíferos, que ven en la ley una oportunidad para habilitar inversiones y potenciar la actividad económica en regiones de montaña. Sin embargo, enfrenta críticas de asambleas ambientalistas y de sectores de la Iglesia, que cuestionan la flexibilidad para intervenir ecosistemas sensibles.
El debate en el Senado estuvo marcado por estrategias legislativas de último momento: el oficialismo presentó ajustes al dictamen antes de la votación en particular, generando cuestionamientos del bloque opositor, que advirtió que aún no se conocía el texto final en detalle. La comparación con la reforma laboral reciente reforzó la tensión: diputados y senadores señalaron que la premura puede dificultar un análisis profundo de los cambios propuestos.
El Ejecutivo defendió la reforma como un equilibrio entre cuidado ambiental y desarrollo económico. En un comunicado oficial se destacó que la norma garantiza el derecho a un ambiente sano sin renunciar a la utilización racional de los recursos naturales, y que permite un federalismo real, dando a las provincias herramientas concretas para gestionar sus recursos hídricos de manera eficiente.
Con la media sanción en general, el Gobierno busca cerrar un reclamo histórico de las provincias cordilleranas, que desde hace años pedían reglas más claras para compatibilizar la protección ambiental con la inversión productiva. La discusión ahora se centrará en los detalles del inventario, la delimitación de áreas protegidas y los mecanismos de control ambiental, antes de que la Cámara de Diputados tenga la última palabra.
Mientras tanto, el oficialismo ya proyecta continuar con su agenda legislativa: reformas laborales y del régimen penal juvenil serán tratadas en próximas sesiones, consolidando una estrategia de aprobación rápida de iniciativas clave antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.
