La investigación por una presunta organización criminal vinculada al uso de billeteras virtuales sumó un nuevo detenido y ya son cuatro las personas que quedaron a disposición de la Justicia. La causa, que tramita en La Plata, busca determinar cómo se habrían utilizado identidades ajenas para abrir cuentas y canalizar fondos por unos $27 mil millones.
El último arrestado es Cristian Cigliano, quien estaría relacionado con la compraventa de automóviles en Mar del Plata. Deberá ser indagado por la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata.
Además de Cigliano, permanecen detenidos Ignacio Marchioni, Albertina Mangini y Mauro Perrota. En tanto, Catriel Taubenschlag, señalado como presunto jefe de la organización, y Juan Campoli Sillero continúan prófugos.
La hipótesis de la fiscalía apunta a una estructura que habría utilizado datos personales, fotografías y sistemas de identificación biométrica para generar cuentas digitales a nombre de terceros. Entre las plataformas bajo análisis aparecen Mercado Pago, Ualá y otros servicios financieros.
El caso comenzó a partir de la denuncia de una mujer que trabajaba como personal de limpieza y que habría sido contactada para entregar sus datos y realizar un procedimiento biométrico. A cambio, le ofrecieron dinero. Tiempo después descubrió que habían sido abiertas cuentas a su nombre.
A partir de ese episodio, los investigadores reconstruyeron operaciones que consideran compatibles con un esquema de utilización de identidades ajenas. Una de las cuentas analizadas, por ejemplo, habría registrado movimientos por unos $172 millones en aproximadamente un año, pese a que el perfil económico de su titular no se correspondía con ese volumen de dinero.
Según la investigación, parte de los fondos podría estar vinculada con actividades de juego ilegal y casinos online clandestinos. El dinero habría circulado mediante numerosas transferencias entre cuentas para dificultar el seguimiento de su origen y destino.
Dentro de la estructura investigada, la fiscalía también puso bajo la lupa el supuesto rol de Albertina Mangini, una funcionaria del Ministerio Público bonaerense que se encontraba suspendida antes de ser detenida. La acusación sostiene que habría participado en la captación de personas cuyos datos podían ser utilizados para crear las cuentas.
La pesquisa avanzó además con allanamientos en La Plata, Quilmes, Mar del Plata y La Falda, en Córdoba. Durante los operativos se secuestraron celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, equipos POS y otros elementos que serán sometidos a peritajes. También se incautaron dinero en efectivo, un vehículo de alta gama y un arma.
Ahora, el análisis de esos dispositivos y de la documentación financiera será clave para establecer nuevas conexiones, cuentas y movimientos. Los investigadores también trabajan con registros bancarios, direcciones IP, líneas telefónicas y comunicaciones interceptadas.
La cifra de $27 mil millones representa, para la fiscalía, el volumen de dinero detectado dentro del circuito investigado y no necesariamente una suma concentrada en manos de una sola persona. El objetivo es determinar su procedencia, destino y la participación que habría tenido cada integrante de la estructura.
En paralelo, la defensa de Mangini analiza nuevas medidas para mejorar sus condiciones de detención. Sus abogados también evalúan la estrategia procesal que seguirá la funcionaria, mientras continúa bajo análisis un pedido de excarcelación extraordinaria.
Con cuatro detenidos y dos sospechosos prófugos, la causa continúa abierta. La fiscalía deberá avanzar con las indagatorias y con el análisis de la evidencia secuestrada para establecer si la red investigada tenía un alcance mayor al detectado hasta ahora.
