La discusión sobre la edad de imputabilidad en Argentina volvió a ocupar el centro de la escena judicial luego de una resolución que suspendió temporalmente la aplicación de la reforma en la provincia de Buenos Aires. La medida, dictada por la jueza Marta Pascual, abrió interrogantes sobre el alcance de la nueva normativa y sobre qué pueden hacer los fiscales frente a adolescentes que son señalados como presuntos autores de delitos.
La decisión establece, por el momento, una suspensión de 60 días y fue adoptada a partir de un habeas corpus colectivo presentado por una organización social. El planteo generó distintas interpretaciones dentro del sistema judicial bonaerense y reavivó una discusión que desde hace años atraviesa a la Argentina: cómo actuar frente a adolescentes involucrados en hechos delictivos graves y, al mismo tiempo, cómo garantizar un sistema adecuado para su tratamiento.
Uno de los principales interrogantes surgidos a partir del fallo es si una jueza provincial tiene facultades para detener temporalmente la aplicación de una modificación aprobada por el Congreso. La respuesta dependerá del alcance concreto de la resolución y de las instancias judiciales que intervengan posteriormente.
En el ámbito judicial bonaerense existen posiciones diferentes respecto de la forma en que deben actuar los fiscales frente a la medida. Algunos consideran que corresponde acatarla, mientras que otros plantean que debe analizarse cada situación particular y el alcance de la notificación recibida.
La discusión adquiere especial relevancia cuando se trata de adolescentes de 14 años que sean vinculados con delitos graves. La posibilidad de disponer medidas restrictivas de la libertad, las condiciones en las que podrían aplicarse y la autoridad competente son algunos de los puntos que quedaron bajo análisis luego de la resolución.
Un fiscal de la provincia de Buenos Aires incluso manifestó públicamente su decisión de no acatar la medida, mientras que otros integrantes del Ministerio Público adoptaron una postura más prudente y señalaron que primero deben estudiar el contenido del fallo antes de determinar cómo proceder en cada expediente.
Más allá de la discusión jurídica, fiscales y funcionarios vinculados al sistema penal juvenil coinciden en otro problema: la falta de infraestructura y recursos suficientes para afrontar una eventual ampliación de la cantidad de adolescentes sometidos a procesos penales.
El debate no se limita entonces a determinar desde qué edad un menor puede ser considerado penalmente responsable. También involucra qué ocurre después de una detención, dónde son alojados los adolescentes, qué programas de rehabilitación existen y qué herramientas tiene el Estado para evitar que un joven que pasó por el sistema vuelva a delinquir.
En la provincia de Buenos Aires, donde se concentra una parte importante de los delitos atribuidos a menores de edad, esta problemática adquiere una dimensión particular. Durante los últimos años se registraron miles de expedientes en los que adolescentes que no podían ser sometidos a una condena penal terminaron sobreseídos por su condición de inimputables.
Según las estadísticas mencionadas en el marco del debate, durante el último año se contabilizaron alrededor de 4.000 sobreseimientos de jóvenes inimputables en territorio bonaerense. El número volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de qué respuesta debe brindar el Estado cuando un adolescente participa en un hecho delictivo pero, por su edad, no puede recibir una sanción penal en los términos del régimen vigente.
Quienes respaldan la reducción de la edad de imputabilidad sostienen que el sistema actual deja un vacío frente a determinados hechos graves y que la ausencia de una respuesta penal puede generar una sensación de impunidad.
Desde la otra perspectiva, organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de niños y adolescentes cuestionan que la solución pase por ampliar el uso de la privación de la libertad y advierten sobre los riesgos de incorporar a menores a circuitos de encierro sin garantías suficientes ni programas adecuados de reinserción.
El problema se vuelve todavía más complejo cuando el sistema encargado de alojar a los adolescentes no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar seguridad y rehabilitación.
Un episodio que quedó como ejemplo de esas dificultades fue el caso de un adolescente conocido como “El Chilenito”, quien protagonizó reiteradas fugas de un centro cerrado para jóvenes ubicado en la zona de Abasto, en La Plata.
El joven tenía antecedentes por robos cometidos con violencia y había sido alojado en el Centro Cerrado Almafuerte por disposición judicial. En una primera oportunidad logró escapar luego de que integrantes de su entorno ingresaran al perímetro del establecimiento utilizando herramientas para cortar el cerco.
Tiempo después volvió a ser detenido, esta vez acusado de otro robo ocurrido en Morón. Luego de su captura fue trasladado nuevamente al mismo centro de alojamiento.
Pero su permanencia allí duró apenas unos días. Según el relato del caso, un grupo de delincuentes volvió a irrumpir en las inmediaciones del establecimiento y logró generar las condiciones para que el adolescente escapara nuevamente tras romper el cerco exterior.
El joven permaneció prófugo hasta que fue detenido posteriormente por efectivos de la Policía Federal en un departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano. El procedimiento ocurrió en 2024, durante la semana en la que cumplió 18 años.
El caso fue utilizado como muestra de las dificultades que enfrenta el sistema para controlar a adolescentes considerados de alta peligrosidad y, al mismo tiempo, brindarles herramientas de rehabilitación.
Para los fiscales que impulsan una reducción de la edad de imputabilidad, situaciones como esta demuestran la necesidad de contar con herramientas legales que permitan intervenir antes y de manera más efectiva. Sin embargo, algunos también advierten que una reforma legal sin una inversión equivalente en infraestructura podría terminar agravando el problema.
“Bajar la edad” no implica solamente ampliar la cantidad de adolescentes que pueden quedar sujetos a un proceso penal. También significa contar con institutos adecuados, personal especializado, programas educativos, asistencia psicológica, seguimiento posterior y mecanismos de reinserción social.
Sin esos recursos, la incorporación de nuevos jóvenes al sistema podría generar una mayor presión sobre establecimientos que ya presentan dificultades para funcionar de manera adecuada.
La discusión también tiene un componente social. En barrios donde se registran hechos violentos protagonizados por adolescentes, familiares de víctimas y vecinos suelen reclamar respuestas más rápidas y efectivas por parte del Estado. En paralelo, especialistas y organizaciones advierten que las políticas destinadas a jóvenes en conflicto con la ley deben evitar que el encierro se convierta en el único mecanismo de intervención.
En este escenario, la decisión de la jueza Pascual abrió una nueva etapa de incertidumbre sobre la aplicación de la reforma en Buenos Aires. Mientras la Justicia analiza el alcance de la medida, los fiscales deberán definir cómo actuar en los casos concretos que lleguen a sus escritorios.
La discusión, además, excede a la provincia de Buenos Aires. En otras jurisdicciones, incluida Salta, el debate sobre la responsabilidad penal adolescente también aparece cada vez que un menor queda involucrado en un delito grave. La pregunta de fondo es la misma: qué respuesta debe dar el Estado cuando un adolescente participa de un hecho violento y cómo garantizar que esa respuesta no termine agravando las condiciones que favorecieron su ingreso al delito.
Por ahora, el escenario bonaerense permanece abierto. La suspensión tiene carácter temporal y el conflicto judicial podría derivar en nuevas decisiones que definan el futuro de la reforma.
Mientras tanto, la discusión vuelve a enfrentar dos necesidades que muchas veces aparecen como contrapuestas: garantizar una respuesta efectiva frente al delito juvenil y contar con un sistema capaz de responsabilizar, contener y rehabilitar a los adolescentes. Sin recursos suficientes para cumplir con la segunda parte, advierten distintos actores del sistema, cualquier modificación de la edad de imputabilidad corre el riesgo de quedarse solamente en un cambio legal.
