El Presidente firmará un decreto que autoriza una recomposición salarial para ministros y altos funcionarios, tras casi dos años de congelamiento, pero deja afuera a las máximas autoridades electas.
El presidente Javier Milei firmará un decreto que habilita aumentos salariales para los principales cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo nacional, en un intento por corregir el deterioro acumulado de los ingresos en la administración central. La medida, que será publicada en el Boletín Oficial el viernes 2 de enero, excluirá tanto al propio mandatario como a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyos sueldos permanecerán congelados de manera indefinida.
Según explicaron desde la Casa Rosada, la decisión responde a una combinación de factores políticos, administrativos y económicos. Por un lado, el Gobierno busca atender reclamos internos de ministros, secretarios y subsecretarios que arrastran casi dos años sin actualizaciones salariales significativas. Por otro, Milei resolvió mantener su postura de no otorgarse aumentos, como señal de austeridad en un contexto todavía marcado por el ajuste fiscal y la recomposición gradual de la economía.
En el caso de la vicepresidenta, el criterio adoptado fue distinto. En el entorno presidencial sostienen que se trata de un cargo electivo y no técnico, por lo que quedó fuera del esquema de recomposición previsto para los niveles jerárquicos del Ejecutivo. La exclusión de Villarruel también se inscribe en un vínculo político deteriorado a lo largo de 2025, atravesado por diferencias de agenda, exposición pública y posicionamientos internos dentro del oficialismo.
Puertas adentro del Gobierno reconocen que el congelamiento salarial comenzó a impactar de manera directa en el funcionamiento de la gestión. La dificultad para conformar y retener equipos técnicos, sumada a la creciente brecha con el sector privado, encendió alertas en áreas clave del Estado. En especial, en cargos estratégicos donde se requieren perfiles especializados que, en muchos casos, optaron por abandonar la función pública ante la pérdida sostenida del poder adquisitivo.
Las estimaciones oficiales indican que, desde diciembre de 2023, los salarios de los altos funcionarios acumularon un deterioro cercano al 60%. La inflación cerró 2024 con un alza del 117,8%, mientras que en 2025 el Índice de Precios al Consumidor suma un 27,9% hasta noviembre. En ese marco, el congelamiento prolongado generó tensiones internas que se mantuvieron latentes durante todo el año.
Desde el Ejecutivo aclararon que la recomposición salarial no implicará un trato diferencial respecto del resto de la administración pública nacional. Los aumentos estarán alineados con las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y no superarán los porcentajes otorgados a los trabajadores estatales. El objetivo, aseguran, es ordenar la estructura salarial sin desentonar con la política general de ingresos del Estado.
Actualmente, el esquema vigente fija ingresos superiores a los 4 millones de pesos para el Presidente, alrededor de 3,7 millones para la Vicepresidenta y unos 3,58 millones para los ministros. Los secretarios perciben cerca de 3,2 millones, mientras que los subsecretarios rondan los 2,8 millones. En contraste, las dietas del Congreso se ubican muy por encima de esos valores: los senadores cobran hasta 9,5 millones de pesos y los diputados alrededor de 7 millones.
El debate por los salarios atravesó buena parte de 2025, con planteos reiterados hacia el Presidente para que habilitara la firma del decreto. Sin embargo, la mesa política del oficialismo optó por postergar la definición hasta después de las elecciones de octubre, para evitar costos políticos y cuestionamientos en plena campaña. Finalmente, se resolvió avanzar con la medida a partir de enero.
El decreto fue cerrado en las últimas horas por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. En el Gobierno recuerdan que un antecedente reciente de aumento salarial para cargos jerárquicos había derivado en la salida de un funcionario y en la posterior derogación de la medida, lo que reforzó la cautela al momento de avanzar con esta nueva disposición.
