Una causa por presunto abuso sexual contra el fiscal federal Miguel Ángel Blanco García Ordás volvió a la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de un extenso recorrido judicial iniciado en 2017. El funcionario fue denunciado por María Aurelia, quien se desempeñaba como secretaria en la dependencia que él encabezaba en San Martín, provincia de Buenos Aires, y aseguró haber sufrido contactos físicos no consentidos y conductas de contenido sexual durante años.
Uno de los elementos incorporados al expediente es una dedicatoria de cumpleaños que el fiscal le habría enviado a la empleada. El mensaje decía: “¡Feliz cumple Male! Por todos los años juntos y los que se vendrán. ¡Qué seas muy feliz! ¡Mucho sexo! De: Miguel”.
La inscripción quedó incorporada a las actuaciones judiciales y forma parte de los elementos que rodean una denuncia que, desde su presentación, atravesó distintas instancias y decisiones de la Justicia.
El expediente acumula dos sobreseimientos, una anulación dispuesta por Casación y un procesamiento que posteriormente fue revocado. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal deberá pronunciarse sobre la validez del segundo sobreseimiento, en una nueva etapa de un proceso que lleva varios años.
Una relación laboral bajo la autoridad del fiscal
María Aurelia ingresó al Ministerio Público Fiscal en 1997 y, con el paso del tiempo, llegó a desempeñarse como jefa de despacho de la Fiscalía Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín.
En esa estructura judicial, Blanco García Ordás ocupaba el cargo de titular de la dependencia, mientras que la mujer trabajaba bajo su autoridad directa.
Según la denuncia, las conductas que la empleada le atribuyó al funcionario se habrían extendido desde su ingreso al organismo hasta su posterior traslado, dispuesto en el marco de un sumario administrativo.
La presentación describe presuntos contactos físicos sin consentimiento y comportamientos de índole sexual que, de acuerdo con el relato de la denunciante, se habrían repetido durante un período prolongado. La investigación debe determinar las circunstancias de los hechos denunciados y las responsabilidades que pudieran corresponder.
El caso también expone la complejidad de las denuncias que involucran a funcionarios judiciales y a personas que se desempeñan bajo su autoridad, especialmente cuando los hechos señalados se vinculan con relaciones laborales sostenidas durante años.
Cómo se conocieron los hechos denunciados
La denuncia penal tuvo como antecedente un conflicto ocurrido en el ámbito laboral. Según los datos incorporados al caso, el sumario administrativo se inició luego de que una compañera de trabajo acusara a María Aurelia de haber rayado su automóvil.
En el marco de ese procedimiento, la empleada presentó un descargo en el que relató por primera vez los hechos que, según afirmó, había vivido con el fiscal.
En esa exposición, la mujer vinculó la acusación en su contra con un supuesto contexto de hostigamiento laboral y con un ascenso que, de acuerdo con su versión, le habría sido negado.
Fue en ese trámite administrativo donde quedaron planteadas las primeras manifestaciones sobre las conductas que posteriormente dieron lugar a la denuncia penal presentada en 2017.
A partir de entonces, el caso comenzó un recorrido por diferentes instancias judiciales, con resoluciones que modificaron la situación procesal del funcionario y que mantuvieron abierta la discusión sobre el avance de la investigación.
Un expediente con resoluciones judiciales contrapuestas
Desde el inicio de la causa, la situación procesal de Blanco García Ordás atravesó distintos cambios. El expediente registra dos sobreseimientos, aunque uno de ellos fue anulado por la Cámara Federal de Casación Penal. También hubo un procesamiento que luego quedó revocado.
Estas decisiones reflejan las distintas etapas de revisión judicial que atravesó el caso. Cada resolución tuvo consecuencias sobre la continuidad del proceso y la situación del fiscal denunciado.
El segundo sobreseimiento es ahora el punto central de la nueva intervención de Casación. Ese tribunal deberá analizar su validez y resolver la cuestión sometida a su consideración.
La revisión judicial no implica, por sí misma, que los hechos denunciados estén probados ni que exista una condena contra el funcionario. Se trata de una instancia destinada a examinar una resolución adoptada previamente dentro del expediente.
Mientras tanto, la denuncia de María Aurelia continúa formando parte de una causa en la que deberán evaluarse los elementos reunidos y las distintas decisiones dictadas durante el proceso.
Una causa que sigue en revisión
El expediente iniciado en 2017 mantiene en discusión hechos que la denunciante sitúa durante su trayectoria laboral en una fiscalía federal de San Martín. Entre los elementos mencionados se encuentran su relato sobre presuntas conductas sexuales no consentidas, el contexto administrativo en el que expuso los hechos y la dedicatoria atribuida al fiscal.
La Cámara Federal de Casación Penal tendrá ahora la tarea de pronunciarse sobre el segundo sobreseimiento, en una causa que ya pasó por diversas instancias y que registró decisiones judiciales en sentidos diferentes.
Por el momento, el proceso continúa en el ámbito judicial y no existe, según la información proporcionada, una condena firme contra Blanco García Ordás por los hechos denunciados. La resolución que adopte Casación será determinante para establecer los próximos pasos procesales del expediente.
