A un mes del femicidio de Agostina Vega, la investigación sumó un nuevo episodio que encendió las alarmas en el ámbito político y judicial. El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, denunció que un funcionario municipal fue víctima de una grave intimidación luego de que se dispusieran clausuras sobre locales nocturnos relacionados con la causa.
Según relató el jefe comunal, el hecho tuvo como destinatario al titular del Ente de Fiscalización y Habilitaciones. La amenaza ocurrió poco después de que el municipio avanzara con el cierre definitivo de un establecimiento señalado en el marco de las investigaciones derivadas del crimen de la adolescente de 14 años.
Passerini sostuvo que sobre el escritorio del funcionario aparecieron dos balas, un mensaje que interpretó como una advertencia directa vinculada a intereses que operan dentro de la noche cordobesa. La situación ya fue incorporada a una causa judicial para determinar responsabilidades y el origen de la intimidación.
El episodio se produjo en medio de una serie de medidas impulsadas por la Municipalidad de Córdoba tras el impacto generado por el femicidio. La causa tiene como principal acusado a Claudio Barrelier, quien permanece detenido mientras avanza la investigación judicial.
A partir de ese caso, las autoridades municipales pusieron en marcha un proceso de revisión de los mecanismos de control sobre la actividad nocturna. Entre las acciones implementadas se encuentra la conformación de un equipo especial integrado por inspectores, efectivos policiales y personal del área de Seguridad para reforzar las tareas de fiscalización.
Además, se inició una auditoría sobre miles de habilitaciones comerciales con el objetivo de detectar irregularidades administrativas, incumplimientos normativos o posibles vínculos entre funcionarios y propietarios de establecimientos.
Desde el Ejecutivo municipal sostienen que la intención es revisar en profundidad los procedimientos de control y corregir fallas que pudieron haber facilitado situaciones de impunidad. En ese contexto, también se informó sobre sanciones y apartamientos de empleados involucrados en distintas irregularidades detectadas durante las investigaciones internas.
La administración local considera que detrás de algunos sectores de la actividad nocturna podrían existir estructuras de protección que durante años habrían operado al margen de los controles. Por ese motivo, los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad mientras avanzan las auditorías y las causas judiciales abiertas.
Paralelamente, el municipio impulsa modificaciones normativas para endurecer los requisitos de habilitación y evitar que los locales clausurados puedan volver a funcionar mediante cambios de nombre o de razón social. La iniciativa busca fortalecer las herramientas de fiscalización y otorgar mayores facultades de control a las autoridades competentes.
Mientras la investigación por la amenaza avanza en los tribunales, el caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de los controles sobre la actividad nocturna y los posibles vínculos entre sectores privados y agentes públicos. Para las autoridades, la intimidación representa un intento de frenar medidas que buscan reforzar la transparencia y combatir prácticas irregulares dentro de un sector que quedó en el centro de la escena tras el crimen de Agostina Vega.
