Piden investigar a los responsables de entregarle a un ex funcionario de Alberto Fernández un predio clave

El fiscal federal Carlos Stornelli denunció y reclamó investigar las presuntas irregularidades que llevaron al otorgamiento de un usufructo de tierras durante diez años en el predio ubicado sobre el lago Mascardi, en la zona de Los Rápidos, en San Carlos de Bariloche, por parte de la Administración de Parques Nacionales en favor de una fundación que encabeza un ex funcionario del gestión de Alberto Fernández, tal como lo detalló en las últimas horas .

“Habiendo llegado a mi conocimiento en razón de haber tomado estado público la posible comisión de delitos de acción pública en virtud de las circunstancias debidamente vengo a promover esta demanda” para investigar y determinar “la eventual responsabilidad penal que pudiera corresponder a distintos funcionarios públicos y terceras personas que pudieran beneficiarse con esta maniobra”, dice la denuncia del fiscal Stornelli a la que accedió este medio.

Y allí promovió impulsar una serie de medidas, como informes a la Administración de Parques Nacionales para recabar todos los expedientes, legajos y resoluciones administrativas ligadas al caso, el organigrama de esa repartición, el detalle en torno a si existieron auditorías sobre la entrega de tierras y cuál es la normativa sobre administración y conservación de bienes del Estado que rige esta clase de decisiones. También solicitó la copia del legajo correspondiente a la Fundación Arcángel Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad, con el detalle de su composición, objeto y organigrama.

La nueva denuncia apunta a la decisión de la Administración de Parques Nacionales que otorgó un valioso predio ubicado sobre la costa del mismo lago a una fundación que preside un militante social, que fue funcionario en el Ministerio de Economía durante la conducción del ex presidente Alberto Fernández. A través de un trámite exprés, que involucró a distintas reparticiones de la Administración de Parques Nacionales, la “Fundación Arcángel Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad” obtuvo el comodato de las tierras, que podrá usufructuar hasta el año 2031.

El predio está ubicado en la zona de Los Rápidos, sobre la costa del lago Mascardi, donde comienza el circuito al cerro Tronador. Un sitio privilegiado. Está situado a pocos kilómetros de la villa homónima que fue usurpada en 2017 por la autoproclamada comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

El convenio fue rubricado el 25 de noviembre de 2021, nueve meses después de haber solicitado a la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi un espacio para el desarrollo de distintas actividades sociales inherentes a la fundación. La fundación fue creada por el abogado Franco García Dellavalle, referente del Movimiento Popular La Dignidad y de Nuestramérica Movimiento Popular, e integrante de la coalición Unión por la Patria.

“Según surge de la nota de Infobae -dice Stornelli- el territorio en cuestión, que pertenecía al predio de la Universidad Nacional del Sur en Area Los Rápidos, Lago Mascardi, se encontraba sin uso, circunstancia que motivó que la fundación mencionada le solicitara al ex intendente del Parque Nahuel Huapi, Horacio Paradela, el espacio para el desarrollo de distintas actividades, previo a dicho otorgamiento. En cuando al nombrado García Dellavalle, resulta importante destacar que este habría sido designado como Director Nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social dependiente de la la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, es decir, en el mismo período en el cual le habrían sido otorgadas tierras a la fundación”.

En ese contexto, Stornelli entendió que el caso podría enmarcarse en los delitos como “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, y “defraudación”.

Stornelli ya es el impulsor de otra denuncia por la entrega de tierras en el sur a agrupaciones mapuches. Se trata de la causa que analiza el destino de las tierras que ocupa el Ejército Nacional, en donde funciona la escuela militar de Montaña. El predio fue reconocido como territorio de los Ranquehue por el Estado Nacional mediante una resolución del INAI del 2012. En 2020. En la demanda, la comunidad mapuche reclamó la posesión de esos territorios y solicitó “la inmediata transferencia directa a la Comunidad”. La justicia de primera instancia otorgó ese predio y cuando el Ejército quiso apelar ya era tarde. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dio por cerrado los tiempos del planteo.

La Corte Suprema de Justicia resolvió suspender los efectos de la entrega de tierras mientras analiza la cuestión de fondo.

Pero en el mientras tanto Stornelli acusó a un grupo de funcionarios de Defensa y la Procuración por esa demora en la apelación. El juez Daniel Rafecas entendió que no había delito, pero apelación mediante la Cámara Federal impulsó la investigación y procesó a los investigados, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. En su momento incluyó entre las pruebas los diálogos de whatsapp de los involucrados que confirmaban la demora en la presentación judicial a la espera de instrucciones políticas.

Sin embargo, el 11 de abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió por dos votos a uno dejar sin efecto los procesamientos y apartar a los jueces de la Cámara. Según dijeron Alejandro Slokar y Angela Ledesma, la Cámara Federal no podía procesarlos. En disidencia, su colega Guillermo Yacobucci votó en contra. “Dejaré sentada mi disidencia en torno a que la ley procesal no establece limitaciones a la forma en la que puede resolver la Cámara de Apelaciones, que encontraba habilitada su competencia en función del recurso deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal”, dijo. El caso pasará ahora a la otra sala de la Cámara Federal para que revise la falta de mérito dictada sobre los funcionarios.