En el corazón de Misiones, donde la educación pública carga con años de reclamos por infraestructura, salarios y falta de personal, aparece un caso que genera bronca e incredulidad. Juan Carlos Kategora, director titular de la Escuela 733 de Colonia Paraíso, acumula 3.363 días de licencia entre mayo de 2006 y mayo de 2026, según registros del Consejo General de Educación. Eso equivale, en la práctica, a casi diez años de ausencia justificada. Durante todo ese tiempo, el establecimiento sigue funcionando con un director suplente. El resultado es tan simple como costoso: el Estado misionero paga dos sueldos por un mismo puesto.
Los números hablan solos. En dos décadas, Kategora pasó por 37 juntas médicas que avalaron distintas situaciones: enfermedades comunes, tratamientos prolongados, cuidado de familiares y cambios de tareas. Solo en lo que va de 2026 ya figuran 101 días por enfermedad de largo tratamiento y otros 45 por atención a un familiar enfermo. La cuenta sigue abierta y el cargo titular permanece ocupado por alguien que, en los hechos, casi no está.
Lo que más indigna, sin embargo, no es solo la cantidad de días. Mientras las licencias se acumulan, las redes sociales del propio director muestran otra realidad. Fotos y publicaciones exhiben viajes y vacaciones en destinos lejanos: Dubái, Emiratos Árabes y Aruba. La contraste es brutal. En la escuela de Colonia Paraíso un suplente sostiene el día a día educativo; en las redes del titular aparecen paisajes de resorts, aeropuertos internacionales y postales de lugares que para la mayoría de los docentes misioneros son un sueño imposible.
El caso no se agota en el ámbito escolar. Según la información que circula, Kategora también figura como empleado de Energía de Misiones. Allí también habrían surgido cuestionamientos sobre su asistencia. La acumulación de cargos y licencias en el sector público no es nueva en la Argentina, pero cuando se combina con imágenes de viajes de lujo mientras se cobra sueldo estatal, la bronca se multiplica.
En Misiones, como en el resto del país, las licencias médicas y por cuidado familiar existen para proteger a los trabajadores. Nadie discute ese derecho. El problema aparece cuando el uso se vuelve sistemático, se extiende durante años y no hay controles efectivos que eviten que un cargo clave quede virtualmente vacante mientras se duplica el gasto. En una provincia donde muchas escuelas aún pelean por aulas decentes, calefacción o materiales básicos, el costo de mantener dos personas para un mismo puesto genera una pregunta incómoda: ¿quién controla realmente estas situaciones?
El Consejo General de Educación tiene los registros. Las juntas médicas firmaron las autorizaciones. El sistema administrativo permitió que la situación se prolongara dos décadas. Y mientras tanto, los chicos de Colonia Paraíso tienen un director titular que casi no aparece y un suplente que carga con la responsabilidad real. El Estado, en tanto, sigue desembolsando dos sueldos.
Este tipo de casos no son aislados. En distintas provincias aparecen de tanto en tanto denuncias similares: funcionarios con licencias eternas, cargos que se pagan por partida doble y una sensación generalizada de que el control es laxo. En el sector educativo el impacto es más sensible porque se trata de la formación de los pibes. Cuando un director está ausente durante años, la continuidad pedagógica, el clima institucional y la relación con las familias se resienten, aunque el suplente haga lo mejor posible.
La difusión de las fotos de los viajes terminó de encender la mecha. No se trata de juzgar el derecho de alguien a descansar o a viajar. Se trata de la coherencia entre lo que se declara ante el Estado y lo que se muestra en público. Cuando alguien acumula más de tres mil días de licencia por razones de salud o cuidado familiar y al mismo tiempo publica postales de Dubái o Aruba, la sospecha de abuso se vuelve difícil de ignorar.
En las escuelas de Misiones, docentes y directivos conocen de cerca las dificultades reales: aulas superpobladas, falta de personal de apoyo, problemas de infraestructura y salarios que no siempre alcanzan. Ver que un cargo de responsabilidad se mantiene ocupado formalmente por alguien que lleva años de ausencia genera una mezcla de impotencia y bronca. “Mientras nosotros estamos al frente todos los días, hay quienes encuentran la forma de no estar y seguir cobrando”, es el comentario que se escucha en varios pasillos escolares cuando se menciona el tema.
El caso de la Escuela 733 pone sobre la mesa varias debilidades del sistema. Primero, la falta de mecanismos ágiles para revisar licencias prolongadas y reiteradas. Segundo, la dificultad para cubrir de manera definitiva un cargo cuando el titular está ausente de forma crónica. Tercero, la ausencia de controles cruzados entre distintos organismos estatales: si alguien trabaja en Educación y también en Energía de Misiones, debería existir alguna forma de verificar la asistencia real en ambos lugares.
Hasta el momento no trascendieron explicaciones oficiales detalladas sobre este caso particular. Lo que sí está claro es que los registros existen, las juntas médicas se realizaron y las licencias se otorgaron. También está claro que el costo lo pagan todos los misioneros a través de impuestos. Cada peso que se destina a sostener dos sueldos por un mismo cargo es un peso que no va a mejoras en las escuelas, a capacitaciones o a infraestructura.
La situación abre un debate necesario sobre el uso de las licencias en el sector público. No se trata de criminalizar a quien realmente necesita ausentarse por motivos de salud o familiares. Se trata de poner límites claros cuando el ausentismo se transforma en una forma permanente de ocupar un cargo sin ejercerlo. En un contexto de recursos limitados y demandas crecientes, la eficiencia y la transparencia no deberían ser opcionales.
Colonia Paraíso es una localidad chica, como tantas otras del interior misionero. Allí la escuela es un referente central de la comunidad. Que el director titular acumule casi una década de licencias mientras un suplente sostiene la institución y el Estado paga el doble, genera un sentimiento de injusticia difícil de digerir. Las fotos de los viajes solo agregan una capa más de indignación.
El caso de Juan Carlos Kategora no es solo la historia de un funcionario. Es un síntoma de un problema más amplio: la dificultad del Estado para controlar el uso de las licencias, para evitar la duplicación de gastos y para garantizar que los cargos de responsabilidad se ejerzan de manera efectiva. Mientras no haya respuestas claras y medidas concretas, la bronca va a seguir creciendo. Y los chicos de la Escuela 733 van a seguir teniendo un director titular que, en los hechos, hace años que no está.
