La Justicia federal procesó sin prisión preventiva al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero, le prohibió salir del país y dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes. La medida fue ordenada por el juez Lino Mirabelli en una investigación por US$200.000 que el economista recibió en 2019 del empresario Federico “Fred” Machado.
La resolución también alcanzó al contador Mariano Cosentino, señalado como partícipe necesario, y a la empresa Varianza S.A. Los embargos fijados para ambos son de $700 millones y $500 millones, respectivamente.
La causa busca determinar el origen y el destino de los fondos que Espert habría recibido mediante un supuesto contrato de asesoramiento con Minas del Pueblo, una compañía minera de Guatemala vinculada a Machado. Para los investigadores, ese acuerdo podría haber sido utilizado para justificar dinero de procedencia ilícita.
Entre las operaciones bajo análisis figuran la compra de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda. Estas transacciones forman parte de las medidas destinadas a reconstruir el recorrido del dinero.
Machado, empresario argentino condenado en Estados Unidos por fraude electrónico y conspiración para lavar dinero, mantuvo vínculos con Espert desde 2019. Entre los aportes investigados también aparecen el préstamo de un avión privado para actividades vinculadas a su campaña presidencial, la presentación de un libro y la provisión de un vehículo blindado.
En paralelo, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó los planteos de la defensa de Espert contra distintas medidas de prueba impulsadas durante la investigación. Los abogados cuestionaban, entre otros puntos, la incorporación de informes patrimoniales, las declaraciones testimoniales y los peritajes realizados sobre teléfonos y otros dispositivos electrónicos.
También habían objetado la utilización de informes de inteligencia a los que, según sostuvieron, no tuvieron acceso, y solicitaron apartar al fiscal Rodolfo Domínguez por una supuesta falta de objetividad. Los camaristas desestimaron esos planteos al considerar que las actuaciones cuestionadas se ajustaban a las normas procesales.
Con el procesamiento y las restricciones dispuestas, la investigación continuará para establecer las responsabilidades de los involucrados y determinar si los fondos investigados tuvieron origen ilícito.
