La Justicia federal avanzó con una de las decisiones más relevantes en una causa que investiga presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El juez Sebastián Casanello resolvió procesar, sin prisión preventiva, al ex titular del organismo Diego Spagnuolo y a otras 17 personas, acusadas de integrar un esquema de corrupción vinculado a la administración de fondos públicos y a la compra de medicamentos de alto costo.
El exfuncionario fue procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y defraudación agravada contra la administración pública. Además, el magistrado ordenó un embargo por 200 millones de pesos sobre sus bienes, en una resolución que marca un fuerte avance en una causa de alto impacto político e institucional.
En su fallo, el juez describió la existencia de un “entramado de corrupción institucional” que habría funcionado durante la gestión investigada, con la participación de funcionarios de jerarquía y actores del sector privado. Según la resolución judicial, la ANDIS habría sido utilizada como una estructura para favorecer intereses económicos particulares, desviando recursos que debían destinarse a la atención y el cuidado de personas con discapacidad.
La investigación sostiene que las maniobras se concentraron principalmente en el área de compras públicas, donde se habría instalado una lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios. De acuerdo al juez, el manejo de los contratos se habría apartado de los principios básicos de transparencia y eficiencia que deben regir la administración del Estado.
El procesamiento alcanza también a otros nombres relevantes dentro de la estructura investigada. Entre ellos figura el exfuncionario Diego Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete, junto a su hija Ornella Calvete. Para la Justicia, Calvete habría actuado como un operador clave, utilizando su influencia para beneficiar a empresas interesadas en contratar con la Agencia Nacional de Discapacidad.
Según surge del expediente, el empresario habría intervenido de manera activa para direccionar contrataciones, generando ventajas indebidas para determinadas firmas proveedoras. El juez consideró que estas conductas no fueron aisladas, sino que respondieron a un esquema sostenido en el tiempo, con reparto de roles y objetivos comunes.
El fallo remarca que las prácticas detectadas impactaron directamente sobre un área especialmente sensible del Estado, como es la política pública vinculada a la discapacidad. En ese sentido, se advierte que el presunto desvío de fondos no solo habría generado un perjuicio económico, sino también un daño social, al afectar la provisión de medicamentos y prestaciones esenciales.
El avance de la causa tuvo su punto de inflexión a partir de la difusión de una serie de audios que se viralizaron en agosto del año pasado. Esas grabaciones, incorporadas como prueba documental, fueron determinantes para que la investigación judicial tomara impulso y profundizara las líneas de análisis sobre el funcionamiento interno de la ANDIS.
En los registros de audio se escucha una voz atribuida a Spagnuolo describiendo un presunto sistema de retornos en la compra de medicamentos de alto costo. Según esas grabaciones, existiría un mecanismo de recaudación ilegal que implicaba el cobro de un porcentaje cercano al 8% sobre determinadas operaciones comerciales.
En ese contexto, el entonces titular del organismo hacía referencia a maniobras que, según sus propias palabras, se desarrollaban a sus espaldas y generaban un “desfalco” dentro de la Agencia. En los audios, también se mencionan supuestos vínculos con sectores del poder político y con una reconocida droguería, lo que amplió el alcance y la gravedad de la investigación.
Las grabaciones reflejan, además, el malestar del exfuncionario frente a lo que describía como un sistema aceitado de pedidos de dinero y retornos. Esas expresiones fueron analizadas por la Justicia como parte de un entramado más amplio, que ahora es objeto de imputaciones formales.
La causa puso especial atención en la operatoria vinculada a medicamentos que cuentan con descuentos especiales y regímenes de contratación específicos. Según la hipótesis judicial, se habrían manipulado esos mecanismos para garantizar mayores márgenes de ganancia a ciertas droguerías, mediante la asignación discrecional de contratos y condiciones favorables.
De acuerdo a la denuncia original, estas prácticas permitían generar una rentabilidad extraordinaria para los beneficiarios del esquema, en desmedro de los recursos públicos destinados a una de las poblaciones más vulnerables. En los audios incorporados al expediente, estas maniobras fueron calificadas como un “kiosco” con ingresos mensuales significativos.
