El Senado convirtió en ley el proyecto que redefine la registración laboral, amplía el período de prueba y crea un Fondo de Asistencia Laboral. También elimina multas por empleo no registrado y modifica aportes e indemnizaciones.
La reforma laboral ya es ley en Argentina y establece un nuevo marco para el empleo en el sector privado. La norma, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Senado, introduce cambios estructurales en la registración de trabajadores, el período de prueba, los aportes patronales y sindicales, el sistema de indemnizaciones y los mecanismos para afrontar despidos. El objetivo oficial es reducir la litigiosidad, fomentar la formalización y generar condiciones más previsibles para la inversión y la creación de empleo.
Uno de los puntos centrales es la digitalización del registro laboral. A partir de ahora, la relación de trabajo podrá acreditarse mediante la inscripción en la ARCA, y los libros laborales electrónicos tendrán validez por diez años. La medida apunta a simplificar trámites y reducir cargas administrativas para empleadores, en línea con un esquema de modernización de procesos.
En cuanto al pago de salarios, la ley establece que los haberes deberán abonarse exclusivamente a través de bancos o entidades oficiales autorizadas. Queda prohibido el uso de billeteras virtuales para el pago de sueldos, con la intención de garantizar mayor trazabilidad y control formal de las remuneraciones.
Otro cambio significativo es la ampliación del período de prueba. El plazo general será de seis meses y podrá extenderse a ocho meses en empresas de hasta cinco trabajadores. Durante ese tiempo, el empleador podrá extinguir la relación laboral sin que corresponda indemnización por antigüedad. Este punto impacta de lleno en la dinámica de contratación, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
La norma también habilita la creación de un banco de horas mediante acuerdos escritos. Este sistema permitirá compensar horas extra con descansos, respetando los límites de jornada y pausas legales. Se trata de una herramienta de flexibilidad que podrá adaptarse a actividades con picos de demanda o variaciones estacionales.
En materia de vacaciones, se mantiene el período habitual entre octubre y abril, pero se incorpora la posibilidad de pactar fechas fuera de esa franja y fraccionar el descanso en tramos mínimos de siete días. El cambio busca facilitar acuerdos entre empleadores y trabajadores según las necesidades de cada sector.
Respecto de los aportes, la reforma fija topes a las contribuciones previstas en convenios colectivos. Los aportes patronales a cámaras empresarias no podrán superar el 0,5% y serán voluntarios a partir de 2028. En el caso de los sindicatos, no podrán cobrar más del 2% del salario, tanto a afiliados como a no afiliados. Este esquema redefine el financiamiento de estructuras gremiales y empresariales.
Uno de los giros más relevantes es la eliminación de las multas por trabajo no registrado contempladas en la Ley 24.013. En su lugar, se implementa un régimen de incentivos para la regularización. Los empleadores que blanqueen trabajadores deberán abonar las diferencias salariales y previsionales adeudadas, pero quedarán liberados de sanciones administrativas. El Gobierno apuesta a que este esquema contribuya a reducir la informalidad laboral, uno de los problemas estructurales del mercado argentino.
En el plano de las desvinculaciones, la ley crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este fondo será financiado por aportes obligatorios equivalentes al 1% de las remuneraciones en grandes empresas y al 2,5% en MiPyMEs. Además, los convenios colectivos podrán establecer fondos de cese capitalizados a nombre del trabajador, que funcionen como alternativa a la indemnización tradicional por antigüedad.
La reforma también contempla una reducción de cargas sociales: un punto porcentual para grandes empresas y 2,5 puntos para MiPyMEs. A la vez, se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), destinado a promover inversiones productivas y actualización tecnológica en el sector privado.
Otro aspecto novedoso es la posibilidad de pagar sentencias laborales en cuotas: hasta seis pagos en el caso de grandes empleadores y hasta doce para pequeñas y medianas empresas. La aplicación concreta de varios puntos quedará sujeta a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.
Con este nuevo esquema, la reforma laboral redefine reglas de juego para empleadores y trabajadores en Argentina. Su impacto en la generación de empleo formal, la reducción de la litigiosidad y la dinámica de las relaciones laborales comenzará a medirse en los próximos meses, cuando la normativa entre plenamente en vigencia y se reglamenten sus aspectos operativos.
