La investigación judicial por el caso $LIBRA suma un nuevo elemento que reaviva las sospechas sobre la relación entre el entorno presidencial y proyectos vinculados a criptomonedas. En las últimas horas se conoció un documento que detalla una ambiciosa propuesta empresarial dirigida directamente al presidente Javier Milei, con el objetivo de crear una estructura financiera con condiciones regulatorias y fiscales fuera de lo común en el país.
Se trata de una “carta de intención” fechada el 1 de agosto de 2024, en la que la firma Cube Exchange Australia Pty Ltd plantea la apertura de una cooperativa de crédito con características particulares. El texto no solo describe un modelo de negocios enfocado en activos digitales, sino que también incluye una serie de pedidos concretos al Estado argentino que hoy están siendo analizados en el marco de la causa judicial.
Entre los puntos más sensibles del documento aparece la solicitud de un esquema de beneficios impositivos extraordinarios. La empresa proponía una exención total de impuestos corporativos durante una década, seguida de un tope del 10% para los diez años posteriores. Este planteo, de concretarse, implicaría condiciones muy por fuera de las reglas habituales del sistema financiero argentino.
Otro aspecto que genera ruido en la investigación es el pedido de “aprobaciones exprés”. Según el texto, la iniciativa requería que todas las licencias regulatorias necesarias fueran otorgadas en un plazo máximo de 60 días, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad y la transparencia de un proceso de esas características.
El documento también menciona la posibilidad de acceder a datos anonimizados de organismos estatales como el Banco Central de la República Argentina, con el objetivo de mejorar modelos de riesgo crediticio. Este punto encendió alertas dentro de la causa, ya que involucra información sensible que, incluso en formato anonimizado, requiere estrictos controles.
Uno de los apartados más llamativos es la propuesta de crear un centro académico denominado “Instituto Milei”, en colaboración con la Universidad de Chicago. La iniciativa apuntaba a desarrollar estudios financieros y promover un sistema bancario basado en reservas del 100%, una idea alineada con posturas económicas que el propio Presidente ha expresado en distintas oportunidades.
La aparición de este documento se da en un contexto en el que la Justicia intenta reconstruir cómo se articulaban los distintos proyectos vinculados al universo cripto y qué rol jugaban los actores involucrados. En ese entramado, el nombre de Mauricio Novelli aparece como una pieza clave.
Según surge de la investigación, Novelli habría actuado como intermediario entre inversores internacionales y el círculo cercano al poder político. Su figura pasó de estar asociada a cursos de finanzas a ocupar un lugar central en la promoción de iniciativas vinculadas a activos digitales, muchas de las cuales prometían fuertes rendimientos.
El fiscal Eduardo Taiano sostiene como hipótesis que la imagen presidencial habría sido utilizada como un activo de peso para atraer capitales del exterior. Esta línea de investigación se apoya en material extraído de dispositivos electrónicos y registros de reuniones que forman parte del expediente.
En paralelo, el juez Marcelo Martínez De Giorgi analiza los alcances legales de las propuestas incluidas en la carta de intención, especialmente aquellas vinculadas a beneficios fiscales y acceso a información estatal. La causa busca determinar si existieron gestiones concretas para avanzar con estos planteos o si quedaron en una etapa preliminar.
El documento también incorpora otro eje que suma controversia: la implementación de un sistema de Identidad Digital Nacional. La propuesta apuntaba a reemplazar los métodos actuales de validación de identidad por un esquema digital unificado, con el argumento de mejorar la seguridad y facilitar el acceso a servicios financieros.
Si bien la digitalización de identidades es un debate presente en distintos países, su inclusión dentro de un proyecto privado con fines financieros genera dudas sobre el control, la privacidad y el uso de los datos de los ciudadanos.
Todo este entramado se vincula con el fallido lanzamiento del token $LIBRA, ocurrido en febrero de 2025, que terminó con fuertes cuestionamientos y pérdidas para inversores. A partir de ese episodio, la Justicia comenzó a profundizar en los proyectos que orbitaban alrededor de esa iniciativa y en los vínculos que podían existir con figuras del ámbito político.
En ese sentido, los investigadores detectaron una red de propuestas que incluían desde eventos tecnológicos hasta desarrollos audiovisuales y productos financieros. Muchos de estos proyectos tenían como punto en común la intención de posicionar a Argentina como un polo de innovación en el mundo cripto, aunque con esquemas que hoy son objeto de análisis judicial.
La carta de intención ahora conocida se suma como una pieza más dentro de ese rompecabezas. Su contenido no solo refleja la magnitud de las aspiraciones empresariales, sino también el tipo de condiciones que se buscaban negociar con el Estado.
Mientras avanza la causa, el foco está puesto en determinar si estas iniciativas tuvieron algún grado de respaldo oficial o si se trató de gestiones privadas que utilizaron nombres y vínculos de alto perfil para ganar credibilidad.
El caso sigue abierto y con múltiples líneas de investigación en curso. La aparición de nuevos documentos, como este, refuerza la idea de que el fenómeno cripto en Argentina no solo generó expectativas de inversión, sino también un terreno fértil para proyectos que ahora están bajo la lupa judicial.
En un escenario económico complejo, donde las alternativas financieras digitales ganaron protagonismo, la falta de regulaciones claras y los vínculos entre el sector público y privado se convirtieron en un punto crítico. La evolución de esta causa podría marcar un precedente sobre cómo se controlan y supervisan este tipo de iniciativas en el país.
Por ahora, el documento aporta más preguntas que respuestas, pero deja en evidencia que detrás del caso $LIBRA existía un entramado mucho más amplio de propuestas, intereses y actores que recién empieza a salir a la luz.
