Cristina Kirchner y Amado Boudou, figuras emblemáticas del kirchnerismo, enfrentan un nuevo capítulo en su larga lista de reveses judiciales, esta vez en su intento por recuperar pensiones vitalicias que, en conjunto, superaban los 30 millones de pesos mensuales.
Estos beneficios, retirados tras sus condenas por corrupción, reflejan no solo el peso de sus delitos, sino también el descaro de pretender mantener privilegios millonarios mientras la sociedad argentina lidia con las consecuencias de sus gestiones.
Cristina, confinada a prisión domiciliaria por defraudar al Estado mediante el direccionamiento de obras viales, insiste en maniobras judiciales para recuperar sus 22 millones mensuales. Su estrategia, que incluye presiones para que jueces afines asuman su causa, chocó nuevamente con la resistencia de la Justicia. La recusación de ANSES al juez Pérez Nami, quien mostró intenciones de convalidar un fallo polémico de 2020, evidencia las trabas que enfrenta su reclamo. Ese fallo, que le permitió a Cristina cobrar simultáneamente como expresidenta y viuda de Néstor Kirchner, pende de un hilo ante la Corte Suprema, gracias a la queja de Graciela Ocaña. La obstinación de Cristina por aferrarse a estos privilegios, mientras el país enfrenta crisis económicas heredadas en parte de su gestión, resulta indignante y desconectada de la realidad.
Por su parte, Amado Boudou, condenado por el escándalo de Ciccone Calcográfica, también fracasó en su intento de reactivar su pensión de 8 millones de pesos mensuales. Su argumento de "cuestiones alimentarias" fue desestimado por la jueza Ana María Rojas, quien señaló que Boudou, registrado como autónomo desde 2016, no demostró incapacidad para generar ingresos. La fiscalía respaldó esta decisión, calificando su reclamo como inadmisible. La audacia de Boudou, quien busca beneficiarse de un sistema que él mismo contribuyó a corromper, es un recordatorio de la impunidad que marcó su paso por el poder.
La línea judicial es clara: las pensiones vitalicias no son un derecho inalienable, especialmente para quienes han sido condenados por delitos contra el Estado. Los casos de Cristina y Boudou no solo exponen su falta de escrúpulos, sino también la necesidad de un sistema judicial que resista las presiones y mantenga la coherencia frente a figuras que, lejos de asumir sus culpas, buscan perpetuar privilegios a costa del erario público. Su insistencia en recuperar estas sumas obscenas, mientras el país enfrenta desafíos económicos y sociales, es una afrenta a la ciudadanía y un recordatorio de los costos de la corrupción.
