El proyecto del Súper RIGI sufrió un freno en el Senado luego de que un grupo de legisladores de la oposición dialoguista condicionara su respaldo a la incorporación de mayores protecciones para la industria nacional.
La iniciativa busca establecer beneficios para grandes inversiones superiores a los USD 1.000 millones, pero no logró reunir las firmas necesarias para obtener dictamen de mayoría en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economía Nacional.
El principal reclamo fue impulsado por Maximiliano Abad, Carlos Espínola y Martín Goerling, junto con Victoria Huala. Los senadores plantearon que el régimen contemple una preferencia para proveedores locales cuando puedan ofrecer bienes y servicios en condiciones equivalentes a los importados.
La propuesta establece un margen del 15%: una empresa argentina podría ser considerada competitiva aun cuando su oferta resulte hasta un 15% más cara que la extranjera, siempre que cumpla con los mismos requisitos de calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega.
Además, los legisladores pidieron que la comparación de precios se realice considerando el costo final de los productos importados, incluida la logística y los gastos asociados a su ingreso al país.
Otro de los puntos reclamados fue que, antes de determinar que no existe una oferta nacional suficiente, la autoridad de aplicación consulte a las entidades empresarias para verificar la capacidad productiva disponible.
El oficialismo ya había aceptado algunas modificaciones al proyecto. Entre ellas, incorporar una obligación para que los grandes emprendimientos destinen al menos un 20% de sus contrataciones a bienes y servicios locales transables.
También se sumó la exigencia de que los megaproyectos cuenten con un esquema propio de abastecimiento eléctrico, ya sea mediante autoabastecimiento o a través de ampliaciones de la red.
Sin embargo, el pedido de una preferencia del 15% generó un nuevo desacuerdo. Desde el oficialismo consideraron que esa cláusula requiere una evaluación adicional del área económica y advirtieron que podría entrar en tensión con el espíritu de apertura del régimen.
Ante la falta de acuerdo, el plenario terminó sin el dictamen de mayoría esperado. La discusión quedó así abierta y el proyecto deberá atravesar nuevas negociaciones antes de llegar al recinto.
El traspié se sumó a otra dificultad para la agenda vinculada con las inversiones. El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, que contempla proyectos desde los USD 12 millones, tampoco consiguió dictamen de mayoría.
En ambos casos, el debate volvió a concentrarse en un punto sensible: cómo promover grandes inversiones y, al mismo tiempo, garantizar que parte de la demanda generada por esos proyectos quede en manos de empresas argentinas.
