La reciente ocupación ilegal del Instituto Nacional Juan Domingo Perón por parte de Juan Grabois y su séquito de militantes del Frente Patria Grande no es más que un acto de provocación política disfrazado de resistencia, que cruza todas las líneas de la legalidad y el respeto por las instituciones democráticas.
Este episodio, no solo representa un desafío abierto al Estado de derecho, sino que expone, una vez más, la naturaleza oportunista y disruptiva de un dirigente que se autoproclama defensor de los excluidos mientras recurre a métodos que rayan en la delincuencia.
Grabois, con su característica retórica incendiaria, lideró la irrupción en el edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta, un espacio histórico que alguna vez fue la residencia de Juan Domingo y Evita Perón, declarado monumento nacional en 2008. Bajo el pretexto de “recuperar” el Instituto, disuelto por el gobierno de Javier Milei mediante el decreto 346/2025 por considerarlo una carga presupuestaria injustificada, Grabois y unos 50 militantes, incluidos legisladores como Itai Hagman y Natalia Zaracho, ingresaron al inmueble a través de la cafetería “Un café con Perón”.
Esta acción, que él mismo calificó como una “presencia pacífica” en sus redes sociales, no fue más que una usurpación descarada, un delito tipificado en el Código Penal argentino que implica la ocupación indebida de una propiedad ajena con violencia o clandestinidad.
El accionar de Grabois no solo desoye la legalidad, sino que desprecia el valor histórico del edificio que dice defender. El Instituto, según el Ministerio de Capital Humano, generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos para mantener a 20 empleados, sin realizar investigaciones significativas que justificaran su existencia. En lugar de proponer soluciones constructivas, como la transferencia del patrimonio a instituciones como el Partido Justicialista (PJ), Grabois optó por el espectáculo: colgar banderas desde los balcones con consignas como “Defendamos nuestra historia” y “Si no podés elegir, no hay democracia”, mientras acusaba al gobierno de “odio gorila” y de destruir el legado peronista. Este tipo de narrativa, cargada de victimización y polarización, no busca preservar la memoria histórica, sino alimentar un relato político que justifique sus acciones ilegales.
La respuesta del gobierno nacional, liderado por Javier Milei, fue contundente y ejemplar. La Policía Federal, junto con efectivos de la Ciudad, actuó con rapidez y eficacia para desalojar el edificio, que derivó en forcejeos y heridas a cinco agentes. La detención de Grabois, esposado y trasladado en un patrullero, marca un hito en la lucha contra la impunidad de quienes creen que pueden apropiarse de bienes públicos para sus fines políticos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dudó en calificar el operativo como un “éxito” y en señalar que “se terminó el vale todo”. Su mensaje es claro: en esta Argentina, nadie está por encima de la ley, ni siquiera los autoproclamados paladines de la justicia social.
El Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, también merece un reconocimiento por su manejo del conflicto. No solo justificó el cierre del Instituto como una medida de austeridad necesaria, sino que aseguró que el patrimonio histórico está siendo inventariado y trasladado a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación, garantizando su preservación. La acusación de Pettovello contra Grabois por “usurpación” no podría ser más precisa: su acción no fue un acto de resistencia, sino un intento de apropiarse de un espacio público para fines partidarios, poniendo en riesgo el patrimonio que dice proteger.
Es inaceptable que Grabois, un abogado que debería conocer las consecuencias legales de sus actos, recurra a estas maniobras para mantenerse relevante en un contexto político donde su discurso populista pierde terreno. Su historial de justificar tomas de tierras con frases como “ocupar no es usurpar” (Infobae, 2020) revela una peligrosa inclinación a normalizar la ilegalidad bajo el manto de la “necesidad” o la “justicia social”. Esta vez, su desafío al Estado tuvo una respuesta firme, y su detención envía un mensaje poderoso: no hay lugar para la anarquía en una Argentina que busca orden y progreso.
El gobierno de Milei, lejos de ceder a las presiones de sectores que buscan perpetuar privilegios y narrativas obsoletas, demuestra con este episodio su compromiso con la legalidad y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. La detención de Grabois no es solo un triunfo policial, sino un paso hacia la consolidación de un país donde la ley se respeta y los bienes del Estado no son rehenes de agendas políticas. Que este caso sirva de advertencia: quienes apuesten por el caos y la provocación encontrarán en este gobierno una barrera infranqueable. ¡Bravo por las fuerzas de seguridad y por un Ejecutivo que no titubea en hacer cumplir la ley
