La Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801. La medida fue dictada de manera preventiva tras un habeas corpus colectivo presentado en favor de adolescentes privados de libertad.
La resolución fue firmada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. El planteo cuestionó las condiciones actuales de los dispositivos destinados al alojamiento de jóvenes bajo medidas judiciales.
Uno de los principales argumentos del fallo es que la nueva normativa amplía el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal, mientras que no estarían garantizadas las condiciones de infraestructura, personal y recursos necesarias para afrontar un eventual incremento de los ingresos.
La ley incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años y modifica distintos aspectos vinculados con los delitos alcanzados y las penas previstas. Para la magistrada, estos cambios podrían generar un aumento en la cantidad de jóvenes privados de su libertad y extender los tiempos de permanencia.
El fallo también puso el foco en las condiciones de los centros de alojamiento. La jueza recordó que su propio juzgado había establecido anteriormente límites de capacidad en un dispositivo de Lomas de Zamora debido a problemas relacionados con el alojamiento de adolescentes.
Si bien reconoció mejoras en infraestructura, alimentación y acceso al agua potable, consideró que todavía existen dificultades para garantizar condiciones adecuadas. Entre los aspectos señalados aparecen el acceso a la educación, la formación laboral y la necesidad de reducir los períodos de aislamiento.
La resolución también advierte sobre las consecuencias que pueden tener estas condiciones en la seguridad y en la reinserción social de los jóvenes. Según el planteo judicial, el sistema penal juvenil no debería limitarse a aplicar sanciones, sino que también debe ofrecer herramientas para evitar nuevos conflictos con la ley.
La suspensión tendrá una duración de 60 días y, durante ese período, el Gobierno bonaerense deberá informar qué medidas adoptó para adecuar el sistema a las nuevas exigencias.
En ese marco, la Justicia convocó para el 16 de septiembre a funcionarios provinciales vinculados con la implementación del régimen. Deberán detallar las acciones realizadas, las previstas y los plazos establecidos para avanzar con las adecuaciones necesarias.
La medida alcanza específicamente a la provincia de Buenos Aires, aunque el debate se da en un contexto nacional marcado por la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil y sus cambios sobre la responsabilidad penal de los adolescentes.
