La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con la declaración de un contratista que aseguró haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por trabajos de refacción en una vivienda ubicada en un country de la provincia de Buenos Aires. El expediente, que está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, apunta a esclarecer el origen de los fondos utilizados en la obra y si existieron irregularidades en la operación.
Según consta en la causa, las tareas incluyeron mejoras integrales en una propiedad de grandes dimensiones, con intervenciones en la estructura, el armado de espacios exteriores y la construcción de una piscina con detalles decorativos. El punto que encendió las alarmas es la modalidad de pago: el dinero habría sido entregado en efectivo y sin respaldo de facturación, lo que abre interrogantes sobre posibles maniobras vinculadas al circuito informal de divisas.
En paralelo, la Justicia analiza la situación patrimonial del funcionario y su entorno más cercano. La vivienda en cuestión figura a nombre de su pareja desde fines de 2024, mientras que la compra inicial se habría concretado por una suma considerablemente menor al monto invertido luego en refacciones. Esta diferencia entre el valor de adquisición y el dinero destinado a la remodelación es uno de los ejes centrales del expediente.
Otro aspecto que concentra la atención judicial es la existencia de préstamos privados vinculados a la operación inmobiliaria. De acuerdo a la documentación incorporada, se habría recurrido a financiamiento externo con tasas elevadas, parte del cual todavía permanece pendiente de cancelación. La fiscalía busca determinar si esos fondos guardan relación con el dinero utilizado para las obras o si existen otras fuentes no declaradas.
La causa también pone el foco en la simultaneidad de gastos. Mientras avanzaban las refacciones, el funcionario habría mantenido el alquiler de otra propiedad en el mismo country, afrontando costos elevados como expensas y otros cargos asociados. Este esquema de gastos en paralelo genera dudas sobre la capacidad económica declarada y la coherencia de los movimientos financieros.
En ese contexto, el expediente por presunto enriquecimiento ilícito suma antecedentes vinculados a inconsistencias en declaraciones juradas previas. Algunas propiedades habrían sido informadas de manera tardía o rectificadas con posterioridad, lo que derivó en actuaciones administrativas y amplió el alcance de la investigación actual.
El fiscal Pollicita intenta reconstruir el flujo de dinero para determinar si los fondos utilizados tienen un origen lícito o si podrían estar vinculados a delitos como lavado de activos o encubrimiento. La falta de documentación respaldatoria en operaciones de alto monto es uno de los elementos que más peso tiene en el análisis.
Mientras tanto, el caso impacta en el escenario político nacional, en un momento en el que la transparencia en la gestión pública se encuentra bajo fuerte escrutinio. La situación de Adorni, que continúa en funciones, se vuelve cada vez más delicada a medida que avanza la causa y se suman elementos que requieren explicación.
Por ahora, la investigación sigue en etapa de recolección de pruebas y testimonios. La Justicia deberá determinar si existen responsabilidades penales o si las inconsistencias detectadas pueden justificarse dentro del marco legal. Entretanto, el expediente mantiene abierta una serie de interrogantes sobre el manejo de fondos, las operaciones inmobiliarias y la trazabilidad del dinero involucrado.
