Hoy, 27 de enero de 2026, se cumplen exactamente nueve años del día en que la vida de Jimena Beatriz Salas se apagó de la forma más cruel imaginable.
Entre las 12.30 y las 13.30 de aquella tarde calurosa en Vaqueros, en el living comedor de su casa de calle Las Virginias sin número, en el barrio San Nicolás, alguien la atacó con decenas de cuchilladas. No fue un robo que salió mal, no fue un arrebato: fue un crimen con saña, con odio, con una violencia que todavía hoy sacude a cualquiera que lo recuerda en la provincia.
Jimena tenía 44 años, era madre, vecina de toda la vida, una mujer que no le debía nada a nadie. Y sin embargo, su muerte sigue siendo un enigma que la Justicia salteña no ha podido —o no ha querido— resolver del todo. Nueve años después, la familia sigue esperando, la sociedad salteña sigue preguntándose y el expediente acumula polvo en los tribunales. ¿Qué pasó realmente esa tarde en Vaqueros? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Por qué tanto ensañamiento?
El caso arrancó como tantos otros: un homicidio en ocasión de robo. Así lo pensaron los fiscales que llevaron la investigación en los primeros meses, Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix. Desde el momento del hecho hasta mayo de 2019, esa fue la hipótesis principal. Pero las pruebas que se recolectaron en la escena del crimen hablaban de otra cosa. Había dos muestras de ADN masculino: “Hombre 1” y “Hombre 2”. Eran huellas genéticas claras, directas, de los que habían estado ahí y habían participado en el ataque. Sin embargo, no tenían rostro. No había nombres, no había fotos que encajaran. Y lo que más extrañó a los investigadores fue una serie de imágenes sacadas del celular roto de la víctima: rostros borrosos, desconocidos, que aparecían una y otra vez en el barrio, pero que nunca se pudieron identificar con certeza.
En el vecindario contaban que los agresores habían llegado con un perrito caniche toy en brazos, como si fuera un animal perdido. Decían que lo habían encontrado por ahí y que lo usaron para ganar confianza, para entrar a la casa. Pero lo llamativo era que esa persona —o esas personas— ya habían estado rondando el barrio varias veces antes. El caniche, las idas y venidas, las fotos del celular: todo apuntaba a que no era un crimen improvisado, sino algo planeado. Y sin embargo, la investigación inicial no pudo dar con los autores.
En 2019 el expediente dio un giro fuerte. La hipótesis cambió: ya no se hablaba de robo, sino de un crimen por encargo. El nombre que más sonó fue el de Nicolás Cajal, viudo de Jimena. La sospecha cayó sobre él como encubridor o instigador. Casi al mismo tiempo, detuvieron a Sergio Vargas, un vendedor ambulante que había estado en el barrio días antes y el mismo día del crimen. Primero lo señalaron como autor material, pero después la acusación se diluyó y quedó como partícipe secundario. Con estas imputaciones, el caso llegó a juicio en 2021. El Tribunal absolvió a ambos. No había pruebas suficientes para sostener las acusaciones. Segunda investigación, segunda absolución.
Pero el expediente no se cerró. Un nuevo equipo de fiscales retomó las riendas y volvió a las pistas originales. Ahí aparecieron los hermanos Saavedra: Javier Nicolás, Carlos Damián y Adrián Guillermo. La pieza clave fue el ADN. La muestra de “Hombre 1” coincidió con Javier Nicolás Saavedra, conocido en el ambiente como “Chino”. Todo parecía encaminarse hacia una resolución. Pero la vida —o la muerte— jugó otra carta: Javier Saavedra falleció antes del juicio. Sin él en el banquillo, la causa se desinfló para los acusados restantes. La defensa no tuvo mayores dificultades para demostrar que, sin la presencia del supuesto autor material, no había forma de probar la participación de los hermanos.
El Tribunal de Juicio, presidido por José Luis Riera e integrado por Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dictó sentencia hace poco. Confirmó que Javier Nicolás Saavedra era el autor material del crimen. Su ADN estaba en la escena, las pruebas lo señalaban con claridad. Pero, como él ya había fallecido, aplicaron el principio que impide seguir una acción penal contra un muerto y dispusieron su sobreseimiento por extinción de la acción. En la misma resolución, absolvieron a Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra por el beneficio de la duda. No había pruebas directas que los vincularan de manera irrefutable.
La querella, representada por el abogado Pedro Arancibia, no se conforma. Insiste en que los dos hermanos restantes deben ser condenados como partícipes secundarios. Presentaron recurso de casación y la causa está ahora en esa instancia. La fiscalía y la familia piden que se revise la absolución; la defensa, que se confirme la libertad de los acusados.
Mientras tanto, en Vaqueros y en toda Salta, la pregunta sigue flotando: ¿por qué mataron a Jimena con tanta saña? ¿Cuál fue el móvil? Nadie lo sabe con certeza. No fue un robo, eso está claro. Fue algo personal, algo que alguien quiso silenciar con furia y crueldad. Nueve años después, la casa de calle Las Virginias sigue siendo un recordatorio doloroso para los vecinos. Los salteños que seguimos el caso desde afuera sentimos esa impotencia que se mezcla con bronca: una mujer asesinada en su propia casa, en pleno día, y la Justicia que no logra dar con la verdad completa.
La familia de Jimena no baja los brazos. Siguen pidiendo respuestas, siguen reclamando que se investigue a fondo. Porque mientras no haya condenas firmes, mientras no se sepa quién ordenó o participó en ese crimen, la impunidad sigue ganando terreno en nuestra provincia. Y cada 27 de enero, cuando se cumple un año más, la herida se abre de nuevo.
Jimena Salas no merecía morir así. Salta no merece seguir sin justicia. La sociedad necesita saber qué pasó realmente esa tarde en Vaqueros. Porque hasta que no haya verdad y castigo, el nombre de Jimena seguirá siendo sinónimo de lucha, de dolor y de una deuda que el sistema judicial aún no pagó.
