Una investigación por la presunta falsificación de certificados de antecedentes penales derivó este viernes en allanamientos realizados en dos viviendas de efectivos de la Policía de Salta, en el marco de una causa que busca esclarecer la desaparición de elementos de seguridad utilizados para la emisión de documentación oficial.
Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), bajo la dirección de la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio. Las medidas judiciales se concretaron en domicilios ubicados en los barrios Juan Manuel de Rosas y San Isidro, donde se secuestraron teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.
La pesquisa se inició luego de una denuncia presentada desde la Dirección General de Investigaciones (DGI) de la Policía de la Provincia, tras detectarse la desaparición de once troqueles de seguridad destinados a la validación de certificados de antecedentes policiales.
Según surgió de las actuaciones, el faltante fue advertido en la División Antecedentes Personales, donde se constató que habían desaparecido stickers de seguridad numerados de manera correlativa, elementos indispensables para otorgar validez oficial a los certificados emitidos por el organismo.
A partir de ese hallazgo, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos realizados dentro de la dependencia y analizaron registros informáticos vinculados al sistema de emisión de certificados.
Durante esa tarea, se detectó que uno de los efectivos sospechados había permanecido en el sector durante una franja horaria en la que no debía desarrollar tareas relacionadas con esa área. Además, se verificó que figuraban certificados confeccionados dentro de una carpeta digital asociada al agente, pese a que esa actividad no formaba parte de sus funciones habituales.
La investigación avanzó luego sobre documentación considerada irregular. En ese contexto, personal de UDEC entrevistó a personas cuyos datos figuraban en algunos de los certificados observados.
Entre los casos analizados aparecieron dos docentes que contaban con certificados presuntamente confeccionados utilizando troqueles reportados como desaparecidos. Las mujeres manifestaron que un hombre vestido de civil les ofreció gestionar el trámite de manera particular y que incluso se presentó en la institución educativa donde trabajan para completar parte del procedimiento, incluyendo la toma de huellas dactilares.
De acuerdo con la investigación, por esa gestión las docentes realizaron una transferencia bancaria de 32 mil pesos a un alias que posteriormente fue incorporado a las tareas de análisis financiero desarrolladas por los investigadores.
Las averiguaciones permitieron identificar al hombre señalado por las denunciantes como un integrante de la fuerza policial. A su vez, se estableció que el alias utilizado para recibir el dinero estaría vinculado a una cuenta perteneciente al otro efectivo bajo investigación.
La causa también incluyó el análisis de comunicaciones telefónicas y movimientos bancarios. Los investigadores detectaron contactos frecuentes entre ambos sospechosos en fechas consideradas relevantes para la investigación, además de transferencias de dinero que coincidirían temporalmente con la supuesta confección y entrega de certificados irregulares.
Entre las operaciones financieras observadas figura una serie de transferencias realizadas el 5 de mayo, cuando uno de los sospechosos recibió depósitos por un total de 64 mil pesos provenientes de dos personas. Según la hipótesis investigativa, esos movimientos podrían estar relacionados con la entrega de documentación presuntamente apócrifa.
Asimismo, se detectaron transferencias cruzadas entre las cuentas de ambos efectivos durante varios meses, situación que ahora forma parte de los elementos bajo análisis por parte de la Fiscalía.
Por otra parte, las pericias informáticas realizadas durante la investigación permitieron establecer que uno de los agentes habría accedido de manera irregular a oficinas policiales y modificado archivos digitales compartidos para incorporar datos personales en formularios oficiales.
La hipótesis que maneja la Fiscalía sostiene que para dar apariencia de autenticidad a la documentación se habrían utilizado troqueles de seguridad y sellos institucionales que previamente habían sido sustraídos de la dependencia policial.
Respecto del segundo sospechoso, los investigadores consideran que habría aprovechado vínculos con una institución educativa para ofrecer la obtención de certificados por fuera de los canales oficiales establecidos, evitando el sistema de turnos y los mecanismos administrativos vigentes.
Con los elementos reunidos durante la etapa preliminar de la investigación, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado interviniente la autorización para realizar allanamientos en los domicilios de los sospechosos y secuestrar elementos que pudieran aportar nuevas pruebas a la causa.
La medida fue autorizada por el juez Diego Rodríguez Pippino y se concretó durante la mañana de este viernes. Los teléfonos celulares y la documentación secuestrada serán ahora sometidos a distintas pericias para determinar su posible vinculación con las maniobras investigadas.
La causa continúa en etapa investigativa y busca establecer el alcance de las presuntas irregularidades, así como determinar si existen más personas involucradas en la confección y comercialización de certificados de antecedentes presuntamente adulterados en la provincia de Salta.
