La Justicia salteña condenó al abogado Santiago Pedroza por integrar una organización dedicada a la comercialización fraudulenta de terrenos que no eran aptos para ser habitados. La maniobra afectó a varias personas que adquirieron lotes ajenos ubicados en zonas inundables y sin condiciones para el desarrollo de viviendas.
Pedroza fue condenado como autor de los delitos de asociación ilícita, estafas y usurpación de propiedad, tras un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció los hechos que se le atribuían. La sentencia estableció una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta y una inhabilitación de cinco años para ejercer la profesión de abogado.
Además, el fallo ordenó que el profesional repare el perjuicio económico ocasionado a los damnificados, con un monto estimado superior a los 21 millones de pesos.
En la misma causa también fue condenado Roberto Fernando López, señalado como otro integrante de la estructura investigada. Según se estableció, López se presentaba falsamente como abogado y tenía intervención en las gestiones que permitían concretar las maniobras fraudulentas con los terrenos.
La investigación determinó que la organización operaba mediante la entrega y venta de lotes que pertenecían a terceros y que presentaban condiciones que impedían su uso habitacional. Los terrenos ofrecidos se encontraban en sectores considerados inundables y no habilitados para asentamientos.
Durante el proceso judicial, los acusados aceptaron los hechos atribuidos y reconocieron su participación en las maniobras investigadas. A partir de esa admisión, el juez del Distrito Judicial Centro, Diego Rodríguez Pipino, homologó el acuerdo y dictó las condenas correspondientes.
En el caso de López, la pena también fue de tres años de prisión condicional, junto con reglas de conducta y la obligación de compensar económicamente a las víctimas mediante el pago de tres millones de pesos.
La causa expuso un esquema de fraude inmobiliario en Salta que involucró la comercialización irregular de terrenos y dejó como principales afectados a compradores que habían destinado recursos económicos a la adquisición de lotes que finalmente no podían ser utilizados para construir.
Con la sentencia, la Justicia además dispuso medidas para comunicar la inhabilitación profesional de Pedroza a los organismos correspondientes y avanzar con las acciones necesarias para garantizar la reparación económica de los damnificados.
