La Justicia de la provincia de Salta autorizó a una joven ciudadana japonesa a salir del país y radicarse definitivamente en Japón junto a su hijo de cinco meses, tras acreditar que fue víctima de un grave y sostenido cuadro de violencia de género mientras residía en la capital salteña.
La resolución, dictada el pasado 10 de febrero por el Juzgado de Personas y Familia de 4ª Nominación, a cargo de la jueza María Mercedes Cabrera, hizo lugar a la solicitud de autorización judicial presentada por la mujer —identificada con las iniciales A.Y.— para poder regresar a su país de origen con el niño, nacido en septiembre de 2025.
El fallo tuvo como eje central el interés superior del niño, principio rector en materia de niñez, pero también ponderó de manera determinante la extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la madre, quien denunció haber sufrido violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica durante su estadía en Salta.
Según surge del expediente judicial, la joven llegó a la Argentina embarazada y sin dominio del idioma español. Dependía casi por completo de su entonces pareja, un hombre identificado como Matías Javier López, con quien convivía en la ciudad. En ese contexto, habría atravesado reiterados episodios de maltrato, control y manipulación, incluso en presencia del bebé.
La causa detalla que la mujer permaneció durante meses en una situación de aislamiento, sin red de contención familiar ni social en Salta. La barrera idiomática, la dependencia económica y el temor a represalias habrían sido factores determinantes para que no pudiera denunciar de inmediato los hechos que, según consta en la investigación, incluían amenazas, golpes y abusos sexuales.
Además, el expediente menciona la apropiación de dinero que la familia de la joven enviaba desde Japón para su manutención. Esos fondos, de acuerdo a la denuncia, habrían sido utilizados sin su consentimiento, en un contexto atravesado por conductas adictivas por parte del agresor. El cuadro se agravó con un esquema de control constante que, incluso, habría interferido en medidas de custodia policial que se le asignaron a la víctima.
Informes elaborados por el Polo Integral de la Mujer calificaron el caso como de riesgo grave, advirtiendo que la violencia persistía pese a las medidas judiciales que se habían dispuesto. En ese marco, la permanencia de la mujer y del niño en Salta fue considerada incompatible con un entorno seguro y estable.
El punto más crítico de la situación se registró a fines de diciembre, cuando el hombre fue detenido tras un episodio violento en el domicilio donde convivían. Según la causa, se habría negado a permitir el ingreso del personal policial y adoptado una actitud agresiva frente a los efectivos.
Si bien el progenitor manifestó su conformidad para que la madre regresara a Japón con el niño —tanto ante el Juzgado de Violencia Familiar como en instancias posteriores— la intervención judicial resultaba indispensable. El Consulado de Japón exigió expresamente una autorización formal para habilitar la salida del país y el cambio de residencia internacional del menor.
Durante el proceso intervino el Asesor de Incapaces, quien emitió dictamen favorable al pedido. Consideró que la decisión garantizaba la protección integral del niño y su derecho a desarrollarse en un entorno libre de violencia, con el acompañamiento de la familia materna en su país de origen.
En su sentencia, la jueza remarcó que la mujer no cuenta en Salta con redes de apoyo, no posee residencia estable y enfrenta una situación de vulnerabilidad agravada por la violencia sufrida. También subrayó que la continuidad del arraigo en Argentina implicaría exponer tanto a la madre como al niño a un contexto de riesgo.
El fallo se enmarca en la normativa vigente en materia de protección integral de las mujeres y de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y reafirma el criterio de priorizar el interés superior del menor por sobre cualquier otra consideración formal cuando están en juego su integridad y su desarrollo.
En Salta, el caso generó fuerte impacto por la gravedad de los hechos denunciados y por la situación de especial vulnerabilidad de la víctima, extranjera, sin dominio del idioma y sin contención familiar en el país. La autorización judicial abre ahora la posibilidad de que la joven reconstruya su vida en Japón junto a su hijo, lejos del escenario de violencia que atravesó.
