La investigación por el otorgamiento irregular de pensiones por invalidez en el departamento Anta ya tiene a 25 personas bajo la lupa judicial, en una causa federal que expone un presunto esquema de fraude millonario con impacto directo en fondos del Estado nacional.
El expediente, que se viene instruyendo desde 2025, apunta a una estructura integrada por médicos, bioquímicos, enfermeros, exfuncionarios municipales, agentes públicos y operadores políticos. Todos habrían participado en distintos niveles de una maniobra destinada a gestionar beneficios de forma irregular a cambio de favores y rédito electoral.
Según la pesquisa, en Anta se encuentran bajo revisión cerca de 22.000 pensiones, de las cuales alrededor de 10.000 presentan inconsistencias graves. Solo ese universo ya representaría un perjuicio económico que, actualizado a valores actuales, superaría los 3.500 millones de pesos por mes, una cifra que dimensiona la magnitud del presunto esquema.
La causa tuvo un nuevo avance esta semana con una serie de allanamientos simultáneos en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal. Uno de los procedimientos se realizó en el hospital Enrique Romero, donde se secuestró documentación clave vinculada a la confección de certificados médicos y expedientes de pensiones.
La hipótesis central de la fiscalía sostiene que existía una red organizada que articulaba el acceso a los beneficios a partir de certificaciones médicas presuntamente falsas. En ese circuito intervenían profesionales de la salud junto a operadores políticos que captaban a personas de sectores vulnerables para incorporarlas al sistema.
A cambio de la gestión de las pensiones, los intermediarios exigían apoyo político o electoral. El mecanismo, según la investigación, se habría sostenido durante años mediante prácticas sistemáticas y una estructura con roles definidos.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es el uso de documentación médica apócrifa o reutilizada. Se detectaron certificados repetidos para distintos beneficiarios, estudios clínicos adulterados y placas radiográficas que habrían sido copiadas para justificar diagnósticos inexistentes o sobredimensionados.
Las patologías más frecuentes que aparecen en los expedientes observados son cuadros compatibles con enfermedad de Chagas y supuestas afecciones severas de columna. Sin embargo, los investigadores advierten que en numerosos casos no habría respaldo médico real para esos diagnósticos.
También se investiga la participación de una mesa de auditoría médica local que habría funcionado como filtro para validar los trámites. En ese ámbito se habrían firmado certificados incluso por personas que no contaban con matrícula médica habilitante, lo que agrava el cuadro de irregularidades.
En paralelo, la Justicia analiza el rol de laboratorios y espacios donde se habrían confeccionado estudios falsificados o manipulados. Entre los elementos secuestrados aparecen radiografías de tórax y columna, muchas de ellas sin identificación nominal o con datos en blanco para ser completados posteriormente.
El caso tiene derivaciones en otras provincias y se originó a partir de investigaciones previas sobre maniobras similares. A partir de esos antecedentes, la Justicia federal profundizó las líneas de investigación en el norte salteño, donde el volumen de beneficios bajo sospecha llamó la atención de los equipos técnicos.
Con el avance de la causa, no se descartan nuevas imputaciones. La fiscalía evalúa acusaciones por asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros delitos.
En el corto plazo, el expediente podría entrar en una etapa clave con la formalización de imputaciones y la consolidación del mapa completo de la estructura investigada. Mientras tanto, la Justicia continúa el análisis de documentación, dispositivos electrónicos y material sanitario secuestrado en los distintos operativos realizados en el departamento Anta.
