Los drones que entregan paquetes, las aeronaves eléctricas capaces de transportar pasajeros sobre las ciudades, las inspecciones de infraestructura desde el aire o las ambulancias aéreas no tripuladas ya no pertenecen a la ciencia ficción. Todas estas actividades forman parte de lo que hoy se conoce como economía de baja altura, un sector que promete transformar el transporte, la logística, la agricultura, la seguridad, la energía y muchos otros servicios en los próximos años.
Sin embargo, para que ese potencial se convierta en una realidad no alcanza con desarrollar mejores aeronaves. También hace falta un marco regulatorio que permita que esa nueva industria crezca.
Y es precisamente ahí donde China acaba de dar un paso que muchos países todavía no se animan a dar.
Durante años, el debate sobre los drones y la movilidad aérea avanzada estuvo dominado por una misma preocupación: cómo garantizar la seguridad sin frenar la innovación. En la práctica, muchos países respondieron con regulaciones orientadas casi exclusivamente a controlar riesgos. El resultado ha sido previsible: procesos de autorización complejos, marcos regulatorios cada vez más extensos y una industria que avanza mucho más despacio que la tecnología.
La reciente reforma de la Ley de Aviación Civil de China introduce un enfoque diferente.
Lo más relevante de la nueva norma no es que incorpore nuevas obligaciones para los operadores de drones ni que actualice aspectos técnicos vinculados con la certificación o la gestión del espacio aéreo. Lo verdaderamente novedoso es que, por primera vez, una ley nacional reconoce expresamente a la economía de baja altura como un objetivo estratégico de desarrollo.
Ese detalle cambia completamente la lógica regulatoria.
Hasta ahora, en la mayoría de las jurisdicciones, la regulación de drones ha tenido como finalidad principal evitar riesgos. La actividad se analiza desde la óptica de la seguridad operacional, la privacidad o la protección del espacio aéreo. Son objetivos legítimos y necesarios, pero insuficientes cuando se pretende construir una nueva industria.
China incorpora una visión más amplia. La ley no solo regula; también promueve.
El nuevo texto obliga al Estado a impulsar la infraestructura necesaria para la economía de baja altura, mejorar las reglas operativas, desarrollar sistemas de certificación adecuados y optimizar el uso del espacio aéreo para nuevas actividades como la logística con drones, la aviación general y las aeronaves eVTOL.
Es una diferencia conceptual profunda.
La regulación deja de ser únicamente un instrumento de control para convertirse también en una herramienta de política industrial.
Ese enfoque resulta especialmente relevante para una industria que depende de numerosos factores para alcanzar una escala comercial. Un operador no necesita únicamente una autorización de vuelo; necesita infraestructura, procedimientos operativos, estándares técnicos, sistemas de identificación, comunicaciones, certificaciones proporcionales al riesgo y un entorno regulatorio que ofrezca previsibilidad para invertir.
En otras palabras, la innovación no depende únicamente de la tecnología. También depende de la calidad del marco institucional que la acompaña.
La historia demuestra que las industrias no despegan únicamente porque exista una tecnología capaz de hacerlo posible. También necesitan un entorno institucional que genere previsibilidad, incentive la inversión y acompañe la innovación.
Naturalmente, esta reforma no supone una liberalización absoluta.
China mantiene un fuerte control sobre el espacio aéreo, exige certificaciones, conserva mecanismos de supervisión y refuerza las facultades de las autoridades aeronáuticas.
Pero precisamente ahí reside uno de los principales méritos de la ley.
No plantea una falsa dicotomía entre seguridad e innovación. Entiende que ambas son necesarias y que una no debería desarrollarse a costa de la otra.
Quienes trabajamos en este sector sabemos que el verdadero desafío no consiste en elegir entre controlar o permitir. El desafío consiste en construir un marco regulatorio que permita hacer ambas cosas al mismo tiempo: garantizar operaciones seguras y, a la vez, crear las condiciones para que la industria pueda crecer.
El futuro de la economía de baja altura probablemente no pertenezca a los países que simplemente acumulen más regulaciones, sino a aquellos que sean capaces de diseñar reglas que permitan crecer.
Los drones, la logística aérea, la inspección industrial, la agricultura de precisión y la movilidad aérea avanzada representan mucho más que nuevas tecnologías. Constituyen un nuevo ecosistema económico que requerirá inversiones sostenidas, infraestructura específica y una planificación pública de largo plazo.
En ese contexto, la reforma china ofrece un mensaje claro: el desarrollo de la economía de baja altura no debe entenderse únicamente como un asunto aeronáutico, sino como una política de Estado.
La regulación seguirá siendo indispensable. Pero cuando una ley incorpora expresamente el objetivo de promover la innovación, coordinar la política industrial y desarrollar la infraestructura necesaria para el crecimiento del sector, deja de ser un simple conjunto de restricciones para convertirse en un verdadero instrumento de desarrollo. Esa es, probablemente, la mayor enseñanza que deja esta reforma.
*Licenciada en Relaciones Internacionales con formación de posgrado en Derecho Aeronáutico y Espacial y en Asuntos Internacionales. Ex titular de la Autoridad de Aviación Civil de la República Argentina (ANAC). Ex Directora Nacional de Transporte Aéreo. En 2014, la Organización de Aviación Civil Internacional la reconoció como una de las 70 mujeres más inspiradoras de la aviación.
