Los atropellos de cañeros bermejeños en suelos del municipio de General Mosconi habitados por el pueblo ava Guaraní en la banda fronteriza del río Grande de Tarija no cesan y tienen una nueva causa abierta en un juzgado penal del sur de bolivia contra miembros de la comunidad Tape Iguapegui.
Pobladores originarios de la zona de Churqui, en sus intentos por defender el territorio usurpado, son denunciados por turbaciones y acorralados con órdenes de aprehensión motorizadas por magistrados del vecino país, pese a que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la propia Cancillería de Bolivia dictaminaron que los suelos que cañeros bolivianos se arrogan como propios son argentinos.
"No solo avanzan con plantaciones ilegales de caña de azúcar y atropellan nuestros derechos, sino que nos vemos nuevamente impedidos de poder acceder a alimentos y asistencias por problemas de salud, porque la única salida que tenemos es por rutas de Bolivia", remarcó ayer Natalí Vásquez, cacique de la comunidad Tape Iguapegui, una de las referentes del pueblo ava guaraní contra las que cañeros bolivianos, liderados por Horacio Ruiz Castro, presentaron una nueva denuncia por presuntos daños y turbaciones.
Esa acusación, pese a los antecedentes de otra presentación de 2020 que terminó desestimada a fines de 2024, tras esclarecedores informes entregados por el INRA y la Cancillería boliviana a la Justicia de Tarija, disparó desde ese distrito judicial órdenes de detención para miembros del pueblo ava guaraní de General Mosconi (Salta) declarados en rebeldía. Con esa resolución, del pasado 6 de enero, la jueza penal Minerva Tárraga Gutiérrez libró a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) un mandamiento para que aprehenda y conduzca a los referentes originarios denunciados a ese Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres. Aún más extraña que la competencia de juzgado multifuero es la intervención de la FELCC, una fuerza especial asociada con operaciones contra el narcotráfico, el lavado y otros delitos del crimen transnacional organizado, a la que se ordenó aprender a Vázquez y otra originaria de la comunidad de Churqui, Vanesa Aleman, como si se tratara de narcos, sicarios o violentos usurpadores como los que las amenazan y corren con machetes a ellas e incluso niños del pueblo ava guaraní de Salta de sus propias tierras.
"Desde hace años esperamos que se instale aquí un puesto permanente de Gendarmería Nacional para protegenos y controlar esta olvidada frontera, pero cada vez que denunciamos los atropellos vienen, recorren los cañaverales y se retiran. Cuando ven a las fuerzas federales argentinas llegar, los usurpadores desaparecen y luego regresan para seguir cruzando caña de azúcar desde las plantaciones ilegales como si nada", cuestionó la referente ava guaraní.
Ella, como otros miembros de la comunidad originaria Tape Iguapegui, se sienten olvidados por el Estado argentino, atropellados por cañeros bermejeños y acorralados en su propio territorio. Solo habría que preguntarse por qué la Felcc no se constituye en Churqui y espera que los denunciados crucen a Bolivia para comprar alimentos o poder reingresar hacia a Orán por la frontera de Bermejo con Aguas Blancas para recibir atención médica en un hospital de Salta, para inferir a qué provincia y país pertenecen esos suelos ocupados, deforestados y explotados con plantaciones, desde las que cruzan a Bolivia en cada zafra cerca de 150.000 toneladas de caña de azúcar, en un abierto contrabando denunciado con insistencia ante organismos hoy integrados en el Plan Güemes, la Justicia Federal, la AFIP (ahora ARCA) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
Mientras de este lado de la banda fronteriza del río Grande de Tarija reinan la pasividad de organismos competentes y la orfandad del pueblo ava guaraní de General Mosconi, del otro lado el 21 de abril último la fiscal tarijeña Janeth Soliz Torrez, insistió ante la Felcc por la aprehensión de referentes de esa comunidad originaria ante una nueva ofensiva de cañeros bermejeños que persisten en una clara violación de soberanía territorial con impacto ambiental, sanitario y humanitario.
Una zona desprotegida
El 4 de octubre de 2024 el Ministerio de Seguridad de la Nación envió a la banda fronteriza del río Grande de Tarija fuerzas federales que constataron la usurpación de catastros rurales del departamento San Martín y el desmonte ilegal de áreas selváticas ocupadas por extensas plantaciones irregulares de caña de azúcar. Antes, el 13 de septiembre de ese año, había ingresado a la Justicia Federal una nueva denuncia sobre esa ocupación de suelos salteños. La ilegalidad de los cañaverales ya había quedado evidenciada en 2014, cuando Gendarmería, AFIP y Aduanas detectaron un contrabando de 70.000 toneladas de caña de azúcar.
Antecedentes de la avanzada
• A comienzos de 2025, en una causa iniciada en Tarija en 2020 contra originarios ava guaraní por supuestos daños, intervino Cancillería boliviana.
• Solicitó que el líder cañero bermejeño, Horacio Cruz, fuera notificado de que las tierras que se arrogaba estaban en territorio argentino.
• La primera denuncia por la remoción de hitos con la que cañeros de Bermejo iniciaron su avanzada sobre suelos salteños data de 1994.
• Una jueza y una fiscal tarijeña insisten con perseguir a originarios denunciados por cañeros que usurparon y explotan su territorio.
