La causa penal por presunta falsificación de instrumento público tiene como figura central a Lucía Grajales Soriano, la dueña del predio donde se celebró el evento. Ella fue quien presentó la documentación que ahora se encuentra bajo escrutinio judicial y que permitió el desarrollo del casamiento con todo el despliegue de música, invitados y logística.
Sin embargo, la fiscal Sandra Rojas dejó en claro que la pesquisa no se agota en esa persona y que se abrirán nuevas líneas de investigación. La funcionaria considera que podría haber intervenido alguien más, incluso desde dentro del sistema, con acceso a información oficial reservada.
El documento en cuestión es un PDF que circuló por WhatsApp y genera serias dudas sobre la existencia de un original en papel. “Hay que empezar a buscar de dónde viene esto”, remarcó la fiscal, al tiempo que planteó una hipótesis que complica aún más el panorama: resulta poco probable que una persona común tenga acceso a ese tipo de datos.
Por eso, la fiscalía avanzará con pedidos de informes a distintas dependencias, un análisis exhaustivo del circuito de circulación del archivo digital y la citación de la persona denunciada para que aporte detalles concretos sobre el origen del permiso cuestionado.
En forma paralela, la Unidad de Contravenciones del Ministerio Público Fiscal ya está evaluando posibles infracciones vinculadas al uso indebido de un área protegida y la eventual aplicación de sanciones administrativas que correspondan al caso.
De esta manera, el expediente se divide en dos planos bien diferenciados. Por un lado, la investigación judicial pura y dura por la falsificación del instrumento público; por el otro, un diagnóstico institucional contundente que revela que hubo presencia estatal, controles, denuncias previas y advertencias, pero la falta de coordinación entre áreas, los tiempos administrativos y la imposibilidad de verificar la autenticidad del permiso en el momento terminaron permitiendo que el casamiento se llevara a cabo sin inconvenientes.
