El juicio contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal en la Unidad Carcelaria 1 de Salta continúa revelando detalles de cómo se tramaban coimas con dinero, drogas e incluso carne para asados dentro del penal. Este martes se desarrolló una nueva jornada de la audiencia con la presentación de pruebas testimoniales que expusieron el entramado de corrupción en la cárcel de Villa las Rosas.
Entre los testigos que declararon se encontraba un exinterno, actualmente alojado en un establecimiento penitenciario federal, quien solicitó declarar sin la presencia de los imputados. El hombre relató los beneficios que obtuvo durante su estadía en el penal a cambio de dinero o mercadería, como salidas extramuro, visitas a la granja del penal y aumento de puntaje en su concepto.
El testigo explicó que uno de los funcionarios imputados, apodado “El Alfil”, le indicaba a su familia dónde enviar el dinero: su padre realizaba transferencias a una cuenta, mientras que otros pagos en efectivo se entregaban en lugares determinados por el funcionario. Incluso, cuando le secuestraron el celular en una requisa, el agente le prestaba otro para continuar gestionando los pagos. En uno de los episodios mencionados, su padre entregó 280 mil pesos en una estación de servicio para asegurar los beneficios dentro del penal.
El relato del testigo incluyó también envíos de carne cruda y costillares por parte de su hermana, dueña de una carnicería, como pago por los beneficios obtenidos. Se reprodujeron fragmentos de llamadas telefónicas en las que solicitaba distintos cortes de carne, incluyendo pernil, para que llegaran a manos del agente penitenciario a través de familiares de otros internos.
Además, admitió que su familia también pagaba para el ingreso de marihuana al penal, a través de transferencias o intermediarios, sin conocer directamente quién era el proveedor. Destacó que el funcionario que recibía los sobornos no actuaba solo y que otros agentes también estaban involucrados.
Durante la audiencia, dos mujeres –madre e hija– declararon sobre su participación en la comercialización de estupefacientes dentro del penal. Una de ellas relató que, durante sus visitas intracarcelarias a su hijo, comenzó una relación con otro interno y le transfirió dinero a un agente para obtener beneficios, incluyendo el ingreso de un celular. La otra acusada explicó que había pagado a un celador para recibir un teléfono y luego fue detenida tras el secuestro del aparato, ya que los datos de su cuenta estaban registrados en el dispositivo. También reveló que parte del dinero enviado para supuestos materiales de construcción se destinaba a la compra de marihuana.
El juicio se desarrolla ante un tribunal colegiado compuesto por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una unidad fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los veinte imputados incluyen funcionarios del Servicio Penitenciario y otros internos y familiares. Los agentes están acusados de exacciones ilegales agravadas, concusión, comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en un lugar de detención y asociación ilícita, todo en concurso real. Los internos y familiares enfrentan cargos por comercialización de drogas y asociación ilícita, también en concurso real.
Para las próximas audiencias se espera la declaración de otros imputados, lo que permitirá continuar desentrañando el funcionamiento de la red dentro de la Unidad Carcelaria 1 y el rol de cada uno de los involucrados en el ingreso de mercadería, dinero y estupefacientes.
El caso expone cómo la corrupción y la complicidad dentro del sistema penitenciario facilitaban la entrada de bienes prohibidos y el pago de favores, afectando la seguridad y la administración del penal. Las autoridades judiciales destacan la importancia de estas investigaciones para garantizar el cumplimiento de la ley y frenar la infiltración del narcotráfico en los establecimientos penitenciarios.
