Siete intendencias salteñas se plantaron frente a la ley y no mandaron ni una hoja con los nombres de sus funcionarios que deben blanquear el patrimonio. El Boletín Oficial de este lunes escrachó a Embarcación, General Ballivián, Iruya, Isla de Cañas, Animaná, El Quebrachal y Tolar Grande. La bronca crece en los pasillos de Casa de Gobierno.
La escribana Pamela Galíndez firmó el decreto que los deja en evidencia. “Sin ese listado no podemos controlar un peso”, explicó una fuente de la Escribanía que pidió reserva. La Ley 3382 y la 6547 son claritas: antes del 31 de octubre cada municipio tiene que decir quiénes ganan más de cierto sueldo y deben mostrar casa, auto, plazo fijo y hasta la moto del primo.
Embarcación y El Quebrachal ya venían flojos de papeles en 2024. En Iruya, donde el camino es puro ripio y la señal apenas llega, el intendente asegura que “se le pasó el mail”. En Tolar Grande, a 3.600 metros, el frío no fue excusa: directamente no contestaron el teléfono.
Los vecinos de Isla de Cañas, 400 almas junto al Bermejo, se enteraron por WhatsApp y ya arman asamblea. “Queremos saber si el comisario o el director del hospital tienen campo en Bolivia”, gritó una maestra en el grupo del pueblo.
Del otro lado del escritorio provincial, tres altos cargos todavía guardan la declaración jurada bajo llave. No trascendieron nombres, pero en los pasillos de Avenida Uruguay se habla de un subsecretario y dos directores que “están de viaje”. La Escribanía les dio diez días de gracia antes de abrirles sumario.
La oposición ya pidió sesión especial en la Cámara de Diputados. “Si no muestran los bienes, que muestren la renuncia”, disparó un legislador del norte. En Salta Capital los memes inundan TikTok: “Tolar Grande, donde la puna es alta y la transparencia baja”.
El reloj corre. El 15 de noviembre vence el plazo final para que los siete municipios entreguen la lista y los tres funcionarios provinciales juren cuánto tienen. Si no, la Justicia Electoral puede inhabilitarlos para 2027.
Fuente Aries FM
