En el marco de una investigación por ciberestafas con derivaciones en la provincia de Salta, dos personas fueron detenidas e imputadas como sospechosas de integrar una red dedicada a la captación de cuentas bancarias y billeteras virtuales para canalizar dinero de origen ilegal. El procedimiento se concretó este jueves tras una serie de medidas judiciales que incluyeron allanamientos, secuestro de dispositivos y la aprehensión de los acusados.
La causa está a cargo de la fiscal penal especializada en ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, quien imputó de manera provisional a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, como coautores del delito de estafa, tipificado en el artículo 172 del Código Penal argentino. Según la investigación, ambos tendrían un rol clave dentro de una estructura delictiva orientada a facilitar maniobras fraudulentas a través del sistema financiero digital.
El caso tuvo su origen en una denuncia radicada durante 2025 en la provincia de Buenos Aires, donde una persona reportó haber sido víctima de una estafa virtual. A partir de las primeras averiguaciones, se logró rastrear el destino del dinero sustraído, que fue transferido a una cuenta cuyo titular tenía domicilio en la provincia de Salta.
Ese primer eslabón permitió avanzar en la pesquisa. El titular de la cuenta fue identificado como una “mula”, término utilizado en este tipo de delitos para describir a quienes facilitan sus datos bancarios o de billeteras virtuales a cambio de dinero. En este caso, se determinó que la cesión de la cuenta habría sido voluntaria y a cambio de una retribución económica, lo que derivó en su imputación en una etapa previa del proceso.
Con el avance de la investigación, los investigadores lograron ir más allá de ese primer nivel y reconstruir parte de la estructura que operaba detrás de la maniobra. Fue así como se individualizó a un hombre y una mujer que cumplirían funciones de “reclutadores”, es decir, personas encargadas de captar a terceros para que cedan sus cuentas bancarias o virtuales.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, estos reclutadores actuaban como intermediarios dentro de la organización, facilitando la obtención de cuentas que luego eran utilizadas para recibir y transferir dinero proveniente de estafas. Este mecanismo permite fragmentar el recorrido del dinero, dificultando su rastreo y entorpeciendo el trabajo de los investigadores.
Las maniobras detectadas reflejan una modalidad cada vez más frecuente en el ámbito de los delitos informáticos, donde las organizaciones buscan aprovechar la falta de conocimiento o la necesidad económica de algunas personas para incorporar nuevas cuentas al circuito ilegal. De esta manera, logran diversificar los puntos de ingreso y salida del dinero, reduciendo el riesgo de ser detectados.
Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó al Juzgado interviniente las correspondientes órdenes de allanamiento, registro, secuestro y detención. Las medidas fueron ejecutadas por personal de la Dirección General de Ciberseguridad, que llevó adelante los procedimientos en distintos puntos vinculados a los sospechosos.
Durante los operativos, se logró la detención de los dos acusados y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, principalmente dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras y otros soportes digitales. Todo este material será sometido a peritajes técnicos con el objetivo de profundizar la investigación y determinar el alcance de las maniobras.
Fuentes vinculadas al caso indicaron que el análisis de la evidencia digital será clave para establecer si existen más personas involucradas, así como también para identificar otras posibles víctimas y movimientos financieros asociados a la red.
En Salta, este tipo de investigaciones viene en aumento en los últimos años, en paralelo al crecimiento del uso de billeteras virtuales y operaciones bancarias digitales. Si bien estas herramientas facilitaron el acceso a servicios financieros, también abrieron nuevas puertas para la comisión de delitos, lo que obliga a reforzar los mecanismos de control y concientización.
Desde el ámbito judicial y policial insisten en la importancia de no compartir datos personales ni bancarios con terceros, y alertan sobre los riesgos de ceder cuentas a cambio de dinero, ya que quienes participan de estas maniobras pueden quedar implicados en causas penales, incluso si no ejecutan directamente la estafa.
La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, en función de los resultados que arrojen los peritajes sobre los dispositivos secuestrados. Mientras tanto, los dos imputados permanecerán a disposición de la Justicia, en el marco de una causa que busca desarticular un esquema delictivo con conexiones interprovinciales.
El avance del caso vuelve a poner en foco la complejidad de las ciberestafas y la necesidad de abordarlas con herramientas específicas, tanto desde la investigación penal como desde la prevención. En un contexto donde las transacciones digitales son cada vez más comunes, la seguridad informática se convierte en un eje central para evitar que este tipo de delitos siga creciendo en la provincia y el país.
