La Policía de Salta clausuró tres fiestas clandestinas que se desarrollaban durante la madrugada en localidades del departamento San Martín, en el norte provincial. Los procedimientos se concretaron en Aguaray y Tartagal, donde cerca de 400 personas fueron desalojadas y tres organizadores terminaron infraccionados por incumplir la normativa vigente para la realización de eventos sociales.
Los operativos estuvieron a cargo de efectivos del Distrito de Prevención 4, que desplegaron controles en distintos sectores de la zona tras detectar reuniones masivas que no contaban con las autorizaciones correspondientes. Como resultado de las intervenciones, una mujer de 28 años y dos hombres de 28 y 41 años fueron identificados como responsables de los eventos y quedaron sujetos a actuaciones contravencionales.
Según se informó, los organizadores fueron infraccionados por incumplir las condiciones exigidas para la habilitación de actividades sociales, motivo por el cual se labraron actas en el marco del artículo 124 de la Ley Provincial N.º 7135/01.
Uno de los procedimientos se realizó en Villa Patricia, en la localidad de Aguaray. Allí, personal de la Comisaría 5 constató la realización de una fiesta sin autorización previa y procedió al desalojo de aproximadamente 90 personas que participaban del encuentro.
En paralelo, efectivos de distintas áreas operativas de Tartagal llevaron adelante otros dos operativos que culminaron con la clausura de eventos desarrollados en Finca El Potrero y en un predio conocido como El Trencito. En ambos casos se detectó una importante concurrencia de personas y actividades que no contaban con la documentación exigida por las autoridades.
En uno de los lugares intervenidos se verificó la presencia de más de 100 asistentes, mientras que en el otro había alrededor de 200 personas. Durante las inspecciones, los uniformados constataron que los eventos se desarrollaban con música a alto volumen y consumo de bebidas alcohólicas, situaciones que motivaron la inmediata intervención policial.
Tras informar a las autoridades judiciales sobre las irregularidades detectadas, se dispuso el cese de las actividades y el despeje total de los concurrentes. El operativo se desarrolló sin que se reportaran incidentes de gravedad y permitió restablecer las condiciones de seguridad en los sectores intervenidos.
Además del desalojo de los asistentes, la Policía avanzó con el secuestro de equipos de sonido utilizados durante las fiestas. La medida fue adoptada en cumplimiento de las directivas impartidas por la Justicia y forma parte de las actuaciones destinadas a documentar las infracciones constatadas durante los procedimientos.
Las fiestas clandestinas continúan siendo uno de los principales focos de control por parte de las fuerzas de seguridad en distintos puntos de Salta. Este tipo de eventos suelen ser objeto de fiscalización debido a que, al desarrollarse sin autorización, no cuentan con garantías mínimas de seguridad, planes de emergencia ni controles sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Desde la fuerza provincial remarcan que estos operativos buscan prevenir situaciones de riesgo para los asistentes y evitar inconvenientes relacionados con la seguridad pública, especialmente en reuniones masivas organizadas fuera del marco legal.
Los procedimientos realizados en Aguaray y Tartagal se suman a otros controles efectuados en diferentes localidades salteñas durante los últimos meses, como parte de una estrategia orientada a detectar eventos irregulares y hacer cumplir las normativas vigentes.
Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal, organismos que intervienen en las investigaciones y en la evaluación de las sanciones que podrían corresponder a los responsables de los eventos.
Con casi 400 personas desalojadas y tres organizadores infraccionados, los operativos volvieron a poner el foco sobre la realización de fiestas no autorizadas en el norte de Salta, una problemática que continúa generando controles permanentes por parte de las autoridades provinciales.
