Un hombre de 30 años fue detenido e imputado provisionalmente en Colonia Santa Rosa, acusado de incumplir las restricciones judiciales que le impedían acercarse a su expareja y de protagonizar distintos episodios de amenazas contra la mujer y familiares.
La investigación está a cargo de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, a través de la Delegación Colonia Santa Rosa. El acusado quedó imputado como presunto autor de los delitos de desobediencia judicial y amenazas, en dos hechos, además de amenazas con arma, en concurso real de delitos.
Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente que el hombre permanezca detenido mientras avanza la investigación.
El caso se inició a partir de la denuncia realizada por una mujer contra su expareja por una serie de situaciones que habrían ocurrido entre el 7 y el 15 de agosto. Durante ese período, según la investigación, el acusado se habría presentado en distintas oportunidades en el domicilio de la denunciante pese a tener vigente una prohibición de acercamiento.
Además de incumplir la medida judicial, habría realizado amenazas contra la mujer y algunos integrantes de su familia, utilizando distintos medios para continuar con las intimidaciones.
Uno de los primeros episodios denunciados ocurrió el 7 de agosto. De acuerdo con las actuaciones incorporadas a la causa, el hombre habría amenazado de muerte a su expareja y posteriormente habría arrojado piedras contra el inmueble donde ella se encontraba.
La situación no habría terminado allí. Luego, el acusado habría enviado mensajes y audios de contenido amenazante a uno de los hijos que tiene en común con la denunciante. Las intimidaciones también habrían continuado mediante llamadas telefónicas y mensajes enviados a través de WhatsApp.
La Fiscalía investiga estos episodios como parte de una serie de conductas que, según la denuncia, se habrían producido de manera reiterada durante esos días y pese a las medidas de protección que se encontraban vigentes.
El episodio más grave se habría registrado el 15 de agosto, cuando el acusado habría regresado nuevamente al domicilio de su expareja, pese a la prohibición judicial de acercamiento.
Según la investigación, en esa oportunidad habría violentado el portón de la vivienda para poder ingresar al inmueble. Una vez dentro, presuntamente llevaba consigo un cuchillo tipo puñal, que habría exhibido mientras amenazaba de muerte a la mujer.
El arma fue secuestrada por los efectivos al momento de concretarse la detención del acusado y quedó incorporada como elemento de interés para la investigación.
La secuencia denunciada es analizada por la Fiscalía como un posible incumplimiento reiterado de las disposiciones judiciales y como una escalada en las amenazas hacia la expareja.
La prohibición de acercamiento constituye una medida destinada a evitar el contacto entre una persona denunciada y quien solicita protección. En este caso, la Fiscalía sostiene que el acusado habría desobedecido esa restricción al presentarse nuevamente en el domicilio de la mujer y protagonizar nuevos episodios de intimidación.
La investigación deberá determinar ahora las circunstancias precisas de cada hecho y reunir los elementos necesarios para establecer la responsabilidad penal del acusado.
La imputación tiene carácter provisional, por lo que el proceso continuará con las distintas medidas investigativas ordenadas por la Fiscalía. Entre los elementos incorporados se encuentra el arma secuestrada durante el procedimiento de detención, además de los registros y comunicaciones que podrían resultar relevantes para reconstruir los episodios denunciados.
Mientras tanto, el acusado permanece detenido a disposición de la Justicia y se encuentra pendiente la resolución correspondiente al pedido de la Fiscalía para que continúe privado de su libertad durante el avance de la causa.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el incumplimiento de medidas judiciales de protección en situaciones de violencia de género, especialmente cuando las restricciones de acercamiento buscan evitar nuevos episodios de intimidación o contacto no autorizado.
En este expediente, la Fiscalía de Pichanal deberá avanzar sobre los hechos denunciados entre el 7 y el 15 de agosto y determinar el alcance de las conductas atribuidas al hombre de 30 años, quien quedó formalmente imputado por desobediencia judicial, amenazas y amenazas con arma.
