La causa por el presunto robo y contrabando de rieles del ferrocarril en el norte provincial entró en una etapa decisiva. La Cámara Federal de Salta dispuso la elevación a juicio oral del expediente que investiga el desmantelamiento de vías del Belgrano Cargas y apunta como principal acusado al exintendente de Rivadavia Banda Norte, Atta Miguel Gerala.
La decisión, adoptada en enero por la jueza María Inés Catalano, habilita que el caso sea debatido ante el Tribunal Oral Federal 2 de Salta. Allí se analizarán las pruebas reunidas durante la instrucción y se determinará si existió una estructura organizada para extraer rieles en distintos puntos del departamento Rivadavia y trasladarlos de manera ilegal hacia Bolivia.
Según la hipótesis fiscal, la maniobra se habría extendido durante varios meses y habría contado con una logística aceitada. La acusación sostiene que el exjefe comunal no solo tenía conocimiento de lo que ocurría, sino que habría encabezado la organización, facilitando recursos municipales para concretar el desguace de las vías férreas.
En el expediente se detalla que para cortar los rieles se habrían utilizado amoladoras, soldadoras y generadores eléctricos que pertenecerían al municipio. El material era extraído principalmente del ramal C-25 del Belgrano Cargas, en tramos ubicados en zonas como Pluma de Pato, Dragones y Padre Lozano, áreas de difícil acceso donde el control suele ser limitado.
La investigación describe que, para las tareas de corte y carga, se habría contratado a personas de comunidades originarias de la región. Una vez separados los rieles de la traza ferroviaria, eran trasladados y acopiados en predios municipales. Desde allí, la carga emprendía viaje hacia la frontera norte por pasos no habilitados, con destino final en territorio boliviano, donde el hierro era fundido y comercializado como chatarra.
Uno de los episodios considerados clave ocurrió el 18 de mayo de 2024 en la localidad de Padre Lozano. Ese día, dos camiones fueron interceptados mientras transportaban alrededor de 180 rieles sin la documentación correspondiente. La carga fue valuada en más de 414 millones de pesos, una cifra que dimensiona el volumen del presunto negocio ilegal.
De acuerdo con lo incorporado a la causa, uno de los conductores habría declarado que fue contratado directamente por el entonces intendente para realizar el traslado. Ese testimonio es uno de los elementos que la fiscalía considera centrales para sostener la acusación de contrabando agravado y robo en despoblado y en banda.
El expediente tiene, además, un origen que en su momento sorprendió incluso a los investigadores. La pesquisa comenzó en agosto de 2023, a partir de una denuncia vinculada a un cargamento irregular de neumáticos detectado sobre la Ruta Nacional 51. A partir de ese dato inicial, la Unidad Fiscal profundizó las averiguaciones y terminó detectando una operatoria más amplia, que no se limitaba a mercadería de contrabando sino que involucraba infraestructura ferroviaria.
En ese entramado también aparece mencionado un comerciante de Orán, señalado como presunto administrador de galpones y coordinador del traslado del material hacia la frontera. Para la acusación, la estructura funcionaba de manera organizada, con roles definidos: extracción, acopio, transporte y salida del país.
La causa ya tuvo algunas definiciones parciales. A través de acuerdos de juicio abreviado, la jueza interviniente homologó condenas para José Miguel “Yopi” Gerala, hijo del exintendente y sindicado como coordinador operativo de la extracción de rieles, además del comerciante involucrado y un efectivo de Gendarmería. “Yopi” fue condenado a seis años de prisión como coautor de contrabando agravado, en concurso real con cohecho activo y robo agravado cometido en despoblado y en banda.
Esas condenas, si bien cerraron la situación procesal de algunos imputados, no modifican la instancia que ahora deberá enfrentar el exintendente. En el juicio oral se pondrá bajo la lupa el rol que habría desempeñado en la presunta organización y si efectivamente utilizó recursos del Estado municipal para facilitar el desguace de las vías.
El caso generó fuerte impacto en el norte salteño, no solo por la magnitud económica del material involucrado sino también por lo que representa el sistema ferroviario para la región. El Belgrano Cargas es una pieza clave para el transporte de granos y otras mercaderías desde el NOA hacia los puertos, y cualquier afectación a su infraestructura repercute directamente en la logística y en la economía regional.
En departamentos como Rivadavia, donde la infraestructura es escasa y las distancias son extensas, la pérdida de tramos ferroviarios implica un retroceso difícil de revertir. La reposición de rieles y la rehabilitación de vías demandan inversiones millonarias y plazos prolongados, lo que agrava el impacto del presunto delito.
Desde el punto de vista judicial, el debate oral permitirá escuchar a testigos, peritos y a los propios imputados. También será el momento en que la defensa podrá cuestionar la acusación y plantear su versión de los hechos. El Tribunal Oral Federal 2 deberá determinar si las pruebas reunidas alcanzan para acreditar la existencia de una asociación destinada al robo y contrabando de rieles y la responsabilidad penal del exjefe comunal.
Mientras tanto, en el norte provincial el tema sigue generando repercusiones. La combinación de contrabando, utilización de bienes públicos y afectación de infraestructura estratégica convirtió a la causa en uno de los expedientes más sensibles de los últimos tiempos en la Justicia Federal de Salta.
Con la elevación a juicio ya confirmada, el proceso entra ahora en su etapa más visible. Será en la sala de audiencias donde se definirá si hubo una red organizada para desmantelar el Belgrano Cargas en territorio salteño y enviar los rieles a Bolivia, o si la acusación no logra sostenerse ante el peso de la prueba y el contrainterrogatorio. La última palabra, como siempre, la tendrá el tribunal.
