En Rosario de Lerma, el concejal Matías Cruz recibió un golpe duro de la Justicia de Faltas.
Tras rechazar su descargo, el Tribunal confirmó una multa que supera los 500 mil pesos por evadir un control de alcoholemia, además de inhabilitarlo para conducir por doce meses. El episodio, lejos de ser un simple papelón, genera indignación porque pone en evidencia una conducta que pone en riesgo la seguridad de todos.
Evadir un control no es una travesura ni un detalle menor. Las autoridades viales lo equiparan en gravedad a manejar alcoholizado, ya que impide detectar a tiempo situaciones que pueden terminar en tragedias. En una provincia como Salta, donde los siniestros viales siguen siendo una preocupación constante y los operativos se reforzaron precisamente para bajarlos, este tipo de actitudes duele el doble.
Matías Cruz, concejal de Rosario de Lerma
El fallo del Tribunal de Faltas busca marcar un precedente claro: nadie está por encima de las reglas, mucho menos quienes ocupan cargos públicos. Sin embargo, el caso llega en un momento especialmente delicado para Cruz, que ya enfrenta un proceso de juicio político en el Concejo Deliberante por presuntas irregularidades durante su gestión como presidente del cuerpo.
Este nuevo capítulo alimenta el malestar institucional y profundiza las dudas sobre su continuidad. En un municipio donde la gente reclama transparencia y ejemplaridad, ver a un edil esquivando controles genera bronca y cuestiona el compromiso real de la clase política con la seguridad vial.
Desde hace tiempo, en Salta se insiste con campañas y operativos para concientizar sobre los peligros de manejar después de tomar. Que un representante del pueblo opte por la evasión en lugar de someterse al test envía un mensaje nefasto: las normas son para los demás. Esa percepción erosiona la confianza ciudadana y refuerza la idea de que hay una doble vara.
El escándalo trasciende lo administrativo y se mete de lleno en lo político. En un contexto de tensiones crecientes dentro del Concejo, este antecedente suma presión sobre Cruz y obliga a sus pares a definir si están dispuestos a tolerar este tipo de comportamientos o si, de una vez, priorizan la ética y la responsabilidad.
Más allá del monto de la multa o los meses sin manejar, lo que queda es una lección que debería servir para todos los funcionarios: el cargo no otorga impunidad, sino mayores obligaciones. Los salteños esperan que casos como este no queden como anécdotas y que sirvan para exigir mayor accountability a quienes manejan los destinos de nuestros pueblos.
