La Justicia salteña condenó a un hombre oriundo de Tucumán por realizar ciberestafas a través de grupos de Telegram donde ofrecía falsos descuentos para el pago de servicios y facturas. La maniobra consistía en utilizar datos robados de tarjetas de crédito de terceros para cancelar las boletas de sus “clientes”, mientras él se quedaba con el dinero transferido por quienes creían acceder a una promoción legal.
El acusado fue identificado como Eber Manuel Pucheta y recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional tras reconocer su participación en múltiples hechos de estafa vinculados al uso indebido de datos de tarjetas de crédito.
Además de la pena impuesta, deberá abonar 14 millones de pesos en concepto de reparación integral. El dinero tendrá un destino social y humanitario y será distribuido entre áreas de Salud Pública y Defensa Civil.
La causa fue investigada por la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia de Salta, a cargo de la fiscal Sofía Cornejo, quien representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de juicio abreviado realizada en el distrito Centro.
La jueza Paola Marocco homologó el acuerdo alcanzado entre las partes luego de que el imputado confesara los hechos. También dispuso el cumplimiento de reglas de conducta mientras dure la condena condicional.
La investigación comenzó a partir de una serie de denuncias relacionadas con maniobras fraudulentas detectadas en un grupo de Telegram denominado “Realeza Salteña XX”. Allí, los administradores promocionaban un supuesto servicio de pago de facturas con descuentos del 50%, una oferta que rápidamente captó la atención de numerosos usuarios en Salta y otras provincias.
El mecanismo utilizado por los estafadores aparentaba ser simple y efectivo. Las personas interesadas enviaban sus facturas y transferían la mitad del importe total a una cuenta indicada por los administradores del grupo. Poco tiempo después recibían comprobantes donde figuraba que la deuda había sido cancelada en su totalidad.
A primera vista, para muchos usuarios el sistema parecía funcionar sin inconvenientes. Sin embargo, detrás de esa operatoria existía una compleja maniobra delictiva basada en el uso ilegal de datos bancarios robados.
Según se logró establecer durante la investigación, el acusado y otros involucrados obtenían información de tarjetas de crédito pertenecientes a terceras personas y utilizaban esos datos para efectuar los pagos reales de las facturas. De esa manera, los clientes conseguían el beneficio prometido, mientras las víctimas verdaderas eran los titulares de las tarjetas utilizadas sin autorización.
El grupo criminal se quedaba con el dinero transferido por quienes contrataban el supuesto “servicio”, generando ganancias ilegales mediante una modalidad de fraude digital cada vez más frecuente en plataformas de mensajería y redes sociales.
Las tareas investigativas permitieron rastrear perfiles, cuentas virtuales y movimientos financieros vinculados a la maniobra. Los investigadores detectaron transferencias millonarias y una estructura organizada que operaba principalmente a través de internet.
La causa puso nuevamente en evidencia el crecimiento de las ciberestafas en Argentina y particularmente en Salta, donde en los últimos años aumentaron considerablemente las denuncias relacionadas con fraudes online, robo de datos bancarios y delitos informáticos.
Desde el ámbito judicial advirtieron que muchas de estas maniobras se aprovechan de la necesidad económica de las personas y de la búsqueda constante de descuentos o promociones en servicios esenciales. En este caso, el ofrecimiento de pagar facturas a mitad de precio funcionaba como anzuelo para captar víctimas y darle apariencia de legalidad a la operatoria.
Telegram, la aplicación utilizada para concretar las maniobras, suele ser elegida por organizaciones dedicadas a este tipo de delitos debido al anonimato que permiten algunos grupos y canales privados. A través de esas plataformas, los responsables pueden coordinar movimientos financieros, captar usuarios y dificultar el rastreo de las operaciones.
Los investigadores lograron reconstruir parte del circuito económico utilizado para mover el dinero obtenido mediante las estafas. El análisis de cuentas bancarias, billeteras virtuales y transferencias permitió vincular directamente al condenado con la operatoria fraudulenta.
El fallo judicial incluyó además una reparación económica millonaria que será destinada a fines sociales. La medida busca no solo sancionar al acusado sino también generar una compensación indirecta frente al daño provocado por este tipo de delitos, que afectan tanto a particulares como al sistema financiero.
En Salta, las autoridades judiciales y especialistas en ciberdelincuencia vienen alertando sobre el incremento de maniobras similares, especialmente aquellas relacionadas con falsas promociones, préstamos online, compras fraudulentas y robo de identidad digital.
Uno de los principales problemas es que muchas víctimas desconocen que están participando de una maniobra ilegal hasta que aparecen los reclamos bancarios o se detectan consumos indebidos en tarjetas de crédito. En otros casos, quienes acceden a este tipo de “descuentos” sospechan de la operatoria pero igualmente deciden participar atraídos por la posibilidad de ahorrar dinero.
La investigación contra Pucheta permitió desarticular parte de una estructura que operaba mediante plataformas digitales y movimientos financieros complejos. Sin embargo, los especialistas advierten que este tipo de delitos continúa en expansión y que las organizaciones criminales cambian constantemente de modalidad para evitar controles.
Con esta condena, la Justicia salteña volvió a poner el foco sobre el crecimiento de las ciberestafas y el uso ilegal de datos bancarios, una problemática que preocupa cada vez más tanto a las autoridades como a usuarios de servicios digitales en toda la Argentina.
