En el juicio contra una red narcocriminal que operaba dentro del penal de Villa Las Rosas, un exinterno relató que su familia debía hacer transferencias para que él pudiera usar un celular con conexión a internet. Según explicó, recibía números de CBU, montos y tiempos para abonar ese “servicio” prohibido dentro de la cárcel.
El testigo calificó al Servicio Penitenciario como “feroz, corrupto y perverso” y señaló a un funcionario como cabecilla de la maniobra, que no era requisado por su jerarquía y cobraba por mejorar condiciones o por salidas extramuros. Además, acusó a dos celadores de facilitar el ingreso de drogas y celulares durante los relevos de guardia.
También declararon una exjefa de requisas y un encargado de pabellón, quienes explicaron los controles y procedimientos internos, aunque aclararon que no manejan documentación personal de los presos.
El proceso está a cargo de la Sala VII del Tribunal de Juicio de Salta, con la fiscalía a cargo de la Procuración General y tres fiscales. Los funcionarios penitenciarios enfrentan cargos por exacciones ilegales, concusión, tráfico de drogas y asociación ilícita, mientras que internos y familiares están imputados por comercialización de estupefacientes y asociación ilícita.
La causa expone un sistema de corrupción que profundiza la crisis del Servicio Penitenciario de Salta y el contrabando de celulares y drogas dentro del penal, un desafío pendiente para las autoridades provinciales y nacionales.
