En las unidades carcelarias de Salta, casi tres de cada diez personas privadas de libertad se encuentran detenidas por delitos contra la integridad sexual. El dato, que surge del informe más reciente del Servicio Penitenciario de la Provincia, confirma que esta tipología delictiva lidera con claridad el mapa de la población penal.
Hoy el sistema aloja a 1.156 internos por esta causa, lo que representa el 30,85% del total de detenidos analizados. En la práctica, uno de cada tres presos en la provincia está vinculado a hechos de esta naturaleza, ya sea con condena firme o en proceso judicial.
Detrás aparecen los delitos contra la propiedad, que concentran a 994 personas y equivalen al 26,53% del conjunto. En tercer lugar se ubican los otros delitos contra las personas, con 901 internos (24,05%). Más atrás se posicionan las causas relacionadas con la Ley de Estupefacientes, que suman 419 detenidos y representan el 11,18%.
El resto de las tipologías tiene una participación menor: delitos contra la libertad (151 casos), medidas de seguridad (46), desobediencia judicial (44), delitos contra la administración pública (19), portación ilegítima de arma (15) y otras figuras residuales (2).
El mismo informe pone de manifiesto otro problema estructural que atraviesa al sistema: la marcada diferencia entre la cantidad de plazas disponibles y el número real de personas alojadas. Actualmente la capacidad declarada es de 2.895 cupos, pero la población carcelaria llega a 3.765 internos.
Esa brecha de 870 personas se traduce en una ocupación cercana al 130%. En otras palabras, por cada cien lugares habilitados hay aproximadamente 130 detenidos. A esa presión se suma que alrededor de 517 personas continúan alojadas en dependencias policiales porque no hay espacio suficiente dentro de las unidades penitenciarias.
La evolución histórica muestra que el crecimiento de la población penal no es un fenómeno reciente. En 2002 el sistema ya operaba por encima de su capacidad, con 1.574 personas alojadas frente a 1.163 plazas. Para 2015 la capacidad había subido a 2.268 cupos, pero los detenidos llegaban a 2.602.
El punto más crítico se registró en los últimos años. En 2020 había 3.776 internos para 2.376 plazas. En 2023 la población alcanzó su máximo del período, con 3.967 personas detenidas frente a una capacidad de 2.829. Los datos más recientes de 2026 reflejan una leve baja, aunque la diferencia sigue siendo considerable: 3.765 internos para 2.895 plazas disponibles.
La situación se desarrolla en un contexto de emergencia penitenciaria vigente desde 2022. Entre los factores que explican el sostenido aumento de la población carcelaria se menciona el impacto de la desfederalización del microtráfico, implementada a través de la Ley Provincial 7.732, que permitió a la Justicia local intervenir en causas de venta minorista de drogas y generó un mayor ingreso de detenidos por esa vía.
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