Un operativo policial terminó con un joven de 24 años gravemente herido y con riesgo de perder un ojo, en un episodio que generó fuerte conmoción y derivó en una denuncia formal contra efectivos de seguridad. La familia de la víctima exige respuestas y apunta directamente contra el accionar policial, mientras la investigación avanza en el ámbito interno de la fuerza.
El hecho ocurrió durante la noche del 28 de marzo, en medio de un procedimiento que, según relataron, generó disturbios en la zona. En ese contexto, el joven recibió un disparo en el ojo izquierdo que le provocó lesiones de extrema gravedad. Tras el ataque, fue asistido de urgencia y trasladado primero al Hospital Papa Francisco y luego derivado al Hospital San Bernardo, donde permanece bajo tratamiento especializado.
De acuerdo al testimonio de su padre, el joven se encontraba dentro de su vivienda cuando advirtió ruidos y movimientos en el exterior. Al salir, observó a una vecina que intentaba resguardarse con su bebé en medio de la tensión y decidió asistirla. En ese momento, la situación se volvió más confusa con la llegada de otros móviles policiales.
Siempre según el relato familiar, el joven intentó regresar a su casa para ponerse a resguardo, pero fue en ese instante cuando uno de los efectivos ingresó al domicilio efectuando disparos con proyectiles de pintura. En medio de esa intervención, recibió el impacto directo en el ojo mientras se encontraba de espaldas.
La situación no habría terminado allí. El padre denunció que, tras el disparo, los uniformados continuaron con agresiones físicas, lo golpearon y lo arrastraron, pese a que el joven reiteraba que estaba dentro de su propia vivienda. La secuencia dejó a la víctima en estado crítico y generó un fuerte reclamo por parte de su entorno.
La familia avanzó con una denuncia penal y sostiene que el hecho debe ser investigado a fondo. Además del daño físico, remarcan las dificultades económicas que enfrentan para afrontar el tratamiento médico, que incluyó una intervención quirúrgica con el objetivo de intentar preservar la visión.
El caso quedó en manos del área de Asuntos Internos, que ya tomó declaración al joven y analiza distintos testimonios. Entre las pruebas se incluyen relatos de vecinos y de un familiar que presenció parte de lo ocurrido, elementos que podrían resultar clave para reconstruir la secuencia.
La denuncia inicial fue presentada por la madre del joven a fines de marzo, mientras que días después la propia víctima pudo formalizar su declaración. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre posibles sanciones o identificación de los efectivos involucrados, lo que incrementa la preocupación de la familia.
En paralelo, el padre aseguró que su hijo no participaba de los disturbios que motivaron el operativo y que su accionar estuvo vinculado únicamente a intentar ayudar a una vecina en una situación de riesgo. También reconoció que el joven había tenido episodios menores previos, pero remarcó que nada justifica el nivel de violencia denunciado.
La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos días haya avances que permitan esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, el caso reaviva el debate sobre los procedimientos policiales y el uso de la fuerza en operativos en zonas urbanas, en un contexto donde crecen los reclamos por mayor control y transparencia.
