En la Comisaría de Atocha se empezaron a acumular las denuncias que ya tienen en vilo a toda la zona. Familias enteras de Salta contaron cómo perdieron plata en lo que parecía una oportunidad para conseguir su terreno propio. El caso escaló rápido y ahora lo lleva adelante la Fiscalía Penal de San Lorenzo, donde se investigan cobros por trámites, carpetas y supuestos lotes que, según los denunciantes, nunca existieron.
Todo arrancó en julio del 2023, cuando unas 150 personas se instalaron en un terreno atrás del barrio UPCN, sobre la ribera del río Arias. Según las presentaciones, un grupo de referentes barriales los incentivó a través de un chat de WhatsApp para que tomaran el predio. Después llegó el desalojo policial y ahí empezó la segunda parte de la historia: les ofrecieron “solucionar” todo por la vía legal.
Una de las denunciadas, Miriam Molina, radicó una queja por abuso de autoridad y les presentó al abogado Santiago Pedroza para que los representara. En reuniones que se hicieron en su casa de las calles Hugo Herrera y Hugo Aramayo, les prometieron que iban a pelear para que el terreno quedara para las familias. Les hicieron firmar poderes y les dijeron que, una vez resuelto, les venderían los lotes de un nuevo barrio que se iba a llamar “Las Victorias”.
Además del abogado, les cobraron gastos administrativos para hacer trámites en el Municipio de San Lorenzo y en Recursos Hídricos. Después les aseguraron que “ya habían ganado el juicio al gobierno” y que el 20 de marzo les entregaban los terrenos. En febrero de este año, Pedroza les presentó a la gestora Marianela Benítez Granse y al abogado Santiago López Lombardi, que supuestamente se iban a encargar de todos los papeles en Recursos Hídricos, Inmuebles y Tierras y Bienes.
La gestora empezó a pedirles plata a casi 400 personas para “pagar en Recursos Hídricos y limpiar los terrenos”. A cada uno le cobraron alrededor de 450 mil pesos. Algunas familias pagaron mucho más: desde 500 mil hasta 8 millones de pesos por carpeta, ya sea en efectivo en la casa de Molina o por transferencia al estudio jurídico. Todo parecía avanzar hasta que las dudas crecieron.
El 16 de abril, un grupo de damnificados se presentó en el centro cívico del Grand Bourg. Allí, funcionarios de la Secretaría de Tierras y Bienes de la Provincia les confirmaron que no había ningún expediente presentado por el estudio. Les recomendaron directamente hacer las denuncias penales y les ofrecieron constancias oficiales para respaldar las pruebas: recibos, mensajes y audios que ya entregaron en la fiscalía.
Ahora son al menos 380 los salteños que se sienten estafados y que esperan respuestas de la Justicia. El caso sigue abierto en San Lorenzo y las familias afectadas piden que se investigue hasta el fondo para que nadie más caiga en este tipo de maniobras que prometen un techo y terminan dejando a la gente sin plata y sin terreno.
Fuente El Tribuno
