La Fiscalía Penal de Derechos Humanos de Salta inició una investigación a partir de la denuncia presentada por un hombre de 31 años, quien aseguró haber sido víctima de agresiones físicas y de una situación de índole sexual durante el tiempo que permaneció alojado en el Centro de Contraventores Norte.
La investigación está a cargo de la fiscal penal Claudia Geria, quien dispuso una serie de medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido y determinar si existieron responsabilidades por parte del personal policial que se encontraba en la dependencia.
De acuerdo con la denuncia, el hombre fue detenido el pasado 20 de agosto y trasladado inicialmente a una dependencia policial. Según su propio relato, durante ese primer período de alojamiento no habría tenido inconvenientes.
La situación, siempre de acuerdo con lo denunciado, habría cambiado luego de su traslado al Centro de Contraventores Norte. Allí se habría producido un altercado con efectivos policiales que terminó con el hombre reducido por varios integrantes de la fuerza.
El denunciante sostuvo que, durante ese episodio, habría recibido golpes en distintas partes del cuerpo. Además, señaló a uno de los policías por una situación de carácter sexual que también quedó incorporada a la presentación realizada ante la Justicia.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, la Fiscalía de Derechos Humanos comenzó a reunir elementos que permitan determinar qué ocurrió dentro de la dependencia y establecer si las lesiones que presenta el denunciante son compatibles con el episodio que relató.
Como parte de las primeras medidas investigativas, el hombre fue sometido a un examen médico. El profesional que realizó la evaluación constató la presencia de lesiones en diferentes sectores de su cuerpo.
El informe médico determinó que las lesiones presentaban un tiempo estimado de curación o incapacidad inferior a un mes y que, en principio, no implicaban riesgo para la vida. Este elemento fue incorporado a la investigación para ser analizado junto con el resto de las pruebas que se obtengan durante el proceso.
La Fiscalía también avanzó sobre uno de los elementos que podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido: las cámaras de seguridad instaladas en el Centro de Contraventores Norte.
En ese marco, la fiscal Geria solicitó una orden de allanamiento sobre la dependencia, con el objetivo de buscar elementos que puedan aportar información sobre el episodio denunciado. La medida fue autorizada por la jueza Silvia García Tabera y posteriormente ejecutada por investigadores de la Unidad Especial de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
Durante el procedimiento se buscó principalmente localizar objetos que habían sido mencionados en la denuncia, además de acceder a los registros de las cámaras de vigilancia correspondientes al período en el que el hombre permaneció alojado en el lugar.
También se procuró resguardar documentación relacionada con su ingreso, traslado y permanencia en el Centro de Contraventores Norte. Estos registros pueden permitir establecer horarios, movimientos y las personas que estuvieron vinculadas con el alojamiento del denunciante durante el período investigado.
Como resultado del allanamiento, los investigadores secuestraron documentación considerada de interés para la causa. El material quedó a disposición de la Fiscalía y será analizado junto con las demás evidencias reunidas.
La investigación permanece abierta y todavía no se establecieron responsabilidades penales respecto de los efectivos señalados en la denuncia. La Fiscalía deberá avanzar ahora con el análisis de los registros obtenidos, la documentación secuestrada y las restantes medidas probatorias que considere necesarias.
Uno de los puntos centrales será determinar qué ocurrió desde el momento en que el hombre ingresó al Centro de Contraventores Norte hasta que finalizó su permanencia allí, así como reconstruir las circunstancias en las que se produjeron las lesiones constatadas por el médico.
También será necesario establecer si existen registros audiovisuales del momento denunciado y si las imágenes permiten corroborar, descartar o precisar alguno de los hechos relatados.
El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, que interviene para investigar posibles abusos o vulneraciones de derechos cometidos durante procedimientos de detención o mientras una persona se encuentra bajo custodia estatal.
Por el momento, la causa continúa en etapa de investigación. Las medidas ordenadas buscan reunir la mayor cantidad de elementos objetivos posibles antes de determinar si corresponde atribuir responsabilidades a integrantes del personal policial involucrado.
El Centro de Contraventores Norte vuelve así a quedar bajo análisis judicial a raíz de una denuncia por presuntos apremios policiales. Mientras continúa la investigación, la Fiscalía deberá establecer si las lesiones constatadas y el resto de los elementos incorporados al expediente guardan relación con el episodio denunciado y qué ocurrió efectivamente durante la permanencia del hombre en la dependencia de Salta.
