La investigación sobre una presunta red dedicada a captar argentinos para enviarlos a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia Federal procesara a Griselda Ortiz, una ex integrante de la Policía Bonaerense acusada de reclutar personas para incorporarlas al ejército ucraniano.
Ortiz, conocida en redes bajo el apodo de “Grischu”, fue procesada por los delitos de sustracción y trata de personas agravada. Sin embargo, pese a la gravedad de la acusación, recuperó la libertad por decisión de la Justicia Federal de Lomas de Zamora.
La resolución fue dictada por el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, recientemente incorporado al frente del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. La investigación está delegada en el fiscal Sergio Mola y busca determinar cómo funcionaba la estructura, quiénes participaban y cuál era el destino final de las personas captadas.
Uno de los aspectos más llamativos del expediente es la explicación que habría dado Ortiz respecto de su participación en el reclutamiento. Ante los investigadores, la ex policía habría admitido que parte de la información utilizada para realizar las gestiones la obtuvo de manera muy básica: “Yo busqué por internet”.
La frase se convirtió en uno de los elementos más llamativos de una causa que comenzó a partir de un procedimiento realizado en un aeropuerto y que terminó revelando una presunta maniobra para trasladar ciudadanos argentinos hacia una zona de conflicto armado.
Su pareja, Jorge Alberto Otero, también ex integrante de la Policía Federal Argentina, continúa prófugo. Los investigadores sospechan que habría escapado hacia Brasil. En el ámbito de las redes sociales, Otero habría utilizado el nombre de guerra “Trembo” y es señalado como presunto cómplice de Ortiz en la operatoria de captación.
Según la hipótesis de la Justicia, ambos habrían conformado una estructura organizada destinada a captar y trasladar personas fuera del país mediante engaños y aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad, con el objetivo de incorporarlas posteriormente a las fuerzas armadas de Ucrania.
La investigación plantea además una cuestión central: si una persona puede incorporarse legalmente como combatiente extranjero en Ucrania, ¿por qué el accionar de quienes realizan el reclutamiento puede ser investigado como un delito de trata de personas?
La respuesta se encuentra en las circunstancias que rodearon la captación y el traslado de los presuntos reclutas. Para los investigadores, el punto no estaría únicamente en el destino de estas personas, sino en la forma en que habrían sido contactadas, las condiciones en las que fueron trasladadas y los supuestos engaños utilizados para concretar el viaje.
La causa comenzó el 24 de marzo, cuando agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectaron a cuatro pasajeros considerados sospechosos durante un control previo al embarque de un vuelo de Turkish Airlines con destino a Estambul.
Entre los pasajeros había personas con perfiles laborales diversos, entre ellos un hombre que había trabajado en un molino cerealero. Todos fueron entrevistados por organismos especializados en la asistencia y protección de víctimas de trata.
El itinerario que tenían previsto también llamó la atención de los investigadores. Desde Estambul, los pasajeros debían continuar viaje hacia Moldavia y posteriormente dirigirse hacia territorio ucraniano.
A los controles y entrevistas les dijeron que viajarían para desempeñarse como albañiles en tareas vinculadas con la reconstrucción de la ciudad de Zaporiyia, en Ucrania. Sin embargo, esa explicación habría sido parte de una coartada previamente preparada.
La investigación sostiene que el verdadero objetivo era incorporarlos al ejército ucraniano para participar en el conflicto bélico.
Las pesquisas permitieron reconstruir además algunos de los contactos previos entre los presuntos reclutadores y las personas que finalmente fueron detectadas en el aeropuerto.
Según el expediente, el 9 de marzo se produjo un encuentro presencial en un hotel del barrio porteño de Belgrano. Allí, Ortiz, Otero y los cuatro futuros viajeros se habrían reunido para establecer detalles relacionados con la versión que utilizarían para justificar el viaje.
El encuentro se habría producido después de varias semanas de conversaciones mediante Signal, una aplicación de mensajería que permite mantener comunicaciones privadas.
La hipótesis de la Fiscalía es que durante esas conversaciones se habría coordinado el traslado y se habrían establecido las explicaciones que los viajeros debían brindar en caso de ser consultados sobre el motivo de su viaje.
La situación comenzó a quedar expuesta cuando los pasajeros fueron detectados antes de abordar el vuelo internacional. A partir de allí se inició una investigación que permitió avanzar sobre Ortiz y Otero y reconstruir parte de la presunta estructura.
En el caso de Ortiz, la Justicia había considerado inicialmente que existía riesgo de fuga y le había negado la excarcelación. La situación cambió con la nueva resolución judicial.
El juez Rodríguez Ponte consideró que la acusada cuenta con un domicilio conocido y verificado en la zona de Tigre, precisamente el lugar donde fue detenida por personal del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal.
Ese domicilio fue considerado como un elemento suficiente para acreditar su arraigo y reducir el riesgo de que Ortiz se sustrajera del proceso.
Otro de los factores considerados fue que buena parte de las principales pruebas de la investigación ya habían sido obtenidas. Entre ellas se encuentra un cuaderno con anotaciones atribuido a Ortiz, considerado de interés para reconstruir las actividades investigadas.
La Justicia también evaluó que, a esta altura del expediente, el riesgo de que la acusada pudiera interferir con las personas involucradas o alterar elementos de prueba era reducido.
Por esos motivos, pese al procesamiento, Ortiz recuperó la libertad y deberá continuar vinculada al proceso judicial mientras avanza la investigación.
La situación de Otero es diferente. El ex policía permanece prófugo y los investigadores creen que pudo haber cruzado la frontera hacia Brasil. Su paradero continúa siendo uno de los puntos pendientes de la causa.
El expediente intenta determinar ahora con mayor precisión cómo se desarrollaba la presunta captación de personas, qué ofrecimientos recibían los interesados, qué información se les brindaba sobre el viaje y cuál era el papel que desempeñaban Ortiz y Otero.
Mientras tanto, la causa continúa en la Justicia Federal de Lomas de Zamora y todavía resta avanzar sobre distintas medidas de prueba para establecer el alcance de la presunta organización y las responsabilidades individuales de quienes aparecen involucrados.
El caso quedó así marcado por una particular combinación de elementos: ex integrantes de fuerzas de seguridad, reclutamiento a través de redes sociales, viajes internacionales bajo supuestas identidades laborales y un destino final vinculado directamente con una de las guerras más importantes de la actualidad.
La Justicia deberá determinar si detrás de esa operatoria existió efectivamente una estructura dedicada a la trata de personas y al traslado de argentinos para su incorporación a las fuerzas ucranianas, tal como sostiene la acusación, o si los hechos tuvieron otra configuración jurídica. :::
