Todo comenzó el 5 de marzo, cuando la menor fue trasladada de urgencia por el SAMEC al nosocomio con convulsiones severas y un compromiso general muy grave de su salud.
Los médicos que la recibieron en la guardia rápidamente detectaron que el cuadro no era solo producto de una enfermedad común: durante el examen físico y los estudios iniciales aparecieron diversas lesiones en distintas partes del cuerpo, moretones en diferentes estadios de evolución y otros signos clínicos que no encajaban con una patología natural o un accidente doméstico típico.
Ante esa situación, el equipo de salud activó de inmediato el protocolo correspondiente y el 10 de marzo realizó la denuncia penal ante la Fiscalía. Desde ese momento, el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género N.º 2, Federico Gabriel Portal, tomó intervención directa en la causa y ordenó una batería de medidas investigativas para esclarecer lo sucedido.
Un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal se puso en marcha sin demoras. Realizaron visitas domiciliarias, entrevistaron a familiares, vecinos y personas del entorno cercano, y recolectaron testimonios que permitieran reconstruir las circunstancias en las que vivía la pequeña. Lo que encontraron fueron varias versiones contradictorias: los relatos sobre el lugar de residencia habitual del grupo familiar no coincidían, había dificultades para precisar quiénes se hacían cargo del cuidado diario de la bebé y surgieron inconsistencias en las explicaciones sobre cómo se habían producido las lesiones o el episodio convulsivo.
Con esos elementos sobre la mesa, y tras obtener la autorización del Juzgado de Garantías correspondiente, la Policía llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Villa Lavalle. En el procedimiento, tanto la madre como el padre de la menor fueron aprehendidos.
Este lunes, en base a la denuncia médica, los informes periciales incorporados al expediente y el resultado preliminar de las diligencias, la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto dispuso la imputación provisional de ambos progenitores por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo en perjuicio de la menor. Además, al padre se le sumó una imputación por coacción en una causa conexa, originada en una denuncia previa presentada por una familiar directa.
La beba, mientras tanto, continúa bajo estricta vigilancia en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Público Materno Infantil. Los profesionales de la salud le realizan estudios complementarios para evaluar la evolución del cuadro, el alcance real de las lesiones detectadas y posibles secuelas a mediano y largo plazo. Su estado sigue siendo delicado, y el personal médico trabaja en forma permanente para estabilizarla y evitar complicaciones mayores.
Este tipo de hechos, lamentablemente, no son aislados en nuestra provincia ni en el país. En Salta, los equipos de salud y la Justicia vienen reforzando los protocolos de detección temprana de situaciones de violencia intrafamiliar o negligencia grave hacia niños y niñas. La obligatoriedad de denuncia por parte del personal médico cuando se detectan lesiones incompatibles con la versión brindada o signos de maltrato es una herramienta clave para intervenir a tiempo y proteger a los más vulnerables.
La investigación sigue abierta y en pleno desarrollo. La Fiscalía continúa tomando declaraciones, analizando pericias médicas en profundidad y recopilando elementos probatorios adicionales para determinar con precisión cómo y por qué se produjeron las lesiones en la pequeña. Se espera que en los próximos días se definan medidas cautelares respecto de la niña —como su posible protección en un ámbito seguro— y se avance en la calificación definitiva de los hechos.
